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En rigor, el círculo se cerraría con la devolución al Estado de los bienes adquiridos con el fruto de la estafa.
La justicia no termina enviando a la cárcel a los culpables quienes, al cabo de unos años, saldrán a disfrutar de lo robado. Y con la conciencia tranquila porque dirán que ya pagaron su deuda a la sociedad.
Otros de los socios de Cardozo y Godoy en esta causa ya fueron condenados por el Tribunal de Sentencia al hallárseles culpables de estafa por la suma de 68 mil millones de guaraníes. Son los dirigentes de la supuesta Federación de Productores Frutihortícolas: Silvio Riveros (11 años de cárcel), titular de la Fenaprofhp; y los directivos: Lidio Irala, Ignacio Acuña (9 años) y Luis Piccardo (7 años) El Fiscal de la causa había solicitado una sentencia mayor no solo por la enorme suma sustraída, también por el engaño a los agricultores.
Esta “Federación” –que recibía el dinero directamente del ministerio de Agricultura saltando por encima de todas las exigencias legales- tenía que destinarlo a los pequeños productores, pero sirvió para que los estafadores se hiciesen de costosas propiedades entre tierras, residencias, lujosos vehículos, etc. Les fue así de fácil, porque nadie los controlaba. Mejor, quienes debían supervisarlos eran parte de la trama delictiva.
Ya con miras a perpetrar la estafa, en el 2011 se creó una fachada de Federación la que firmó un convenio con Enzo Cardozo como ministro de Agricultura. Entre los casos llamativos no figura en el contrato la remuneración para quienes iban a realizar el proyecto, ni otras erogaciones imprescindibles. De acuerdo con el compromiso contractual, a los directivos de la “Federación” les esperaba una tarea desmesurada para identificar a los productores, organizarlos en comités, hacer proyectos, presentar carpetas, y un montón de trámites más. ¿Todo esto gratis? ¿Por amor al pequeño agricultor? ¿Cardozo no les preguntó de dónde sacarían el dinero para implementar el fantástico proyecto? En rigor, la “Federación” tenía en sus planes quedarse con el dinero de los productores, a cuyo nombre se estafó a los contribuyentes con la ayuda de los exministros.
Un ejemplo de los muchos que pueden darse: La Alianza para la corrupción contemplaba la construcción de 1.000 invernaderos por la suma de 22.098.500.000 (Veinte y dos mil noventa y ocho millones quinientos mil guaraníes). Es decir, cada invernadero le costaría al Estado 22.098.500 (veinte y dos millones noventa y ocho mil quinientos).
Pues bien, los técnicos del MAG informaron: “No existe en la actualidad UN SOLO INVERNADER0 construido en el Departamento de Paraguarí, según el Acta de constitución de la Unidad Fiscal a cargo de la Agente Fiscal Claudia Criscioni de fecha 07/11/2013...”
La entonces fiscal Criscioni ha hecho la mayor parte de las investigaciones con tal rigor e interés que obtuvo documentos muy valiosos –a más de los publicados por ABC Color- que sirvieron para que otros fiscales llevaran adelante el proceso que ahora ha culminado con la citada sentencia.
Los documentos prueban que se estafó al Estado en perjuicio de los pequeños productores que hoy estarían en mejores condiciones económicas, pero se les engañó de la manera más despiadada. La trama de los estafadores incluía promesas, amenazas, falsificación de firmas.
Cardozo, Godoy y Azuaga, entregaban grandes cantidades de dinero a la supuesta Federación sin ningún control. Pasaron por encima de todas las exigencias de la ley. Lo más común eran los desembolsos sin que se rindiera cuenta de los anteriores. En el expediente se incluye, por ejemplo, dos resoluciones de Cardozo que en un mismo día ordenaba dos transferencias a la Federación. Es decir, antes de que se supiera qué se hizo con la primera entrega. Además, no se sabía para que tanto dinero, pues los pedidos no estaban respaldados por ningún proyecto de inversión, salvo el que se improvisaba muchos días después de la entrega del dinero.
En fin, ahora resta que el Estado recupere por lo menos parte de lo que se le ha robado con tanto descaro. O sea, falta avanzar un poco más para que se pueda proclamar que se hizo justicia.