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Con la arrasadora elocuencia que lo caracteriza habló sobre “Los desafíos de un estadista en el poder”, que fue la temática del encuentro, propiciado por dirigentes sindicales de la EBY, unos eternos privilegiados del poder que disfrutan de salarios de primer mundo por hacer nada, en medio de un pueblo donde médicos, enfermeras, maestros, y otros que tienen la suerte de contar con un empleo, hacen malabarismos para llegar a fin de mes.
Entre los temas de su larga exposición el exmandatario mencionó un aspecto que hace al “caracú” de todos nuestros males: la corrupción, y la complicidad del poder político con los grandes negociados de las corporaciones internacionales, con los dueños del poder económico en el Paraguay, que no pasan de 10 o 12 tipos, dijo.
Tal vez en un intento por morigerar la responsabilidad de la “clase” política en este perverso juego de poderes, sostuvo que estos apenas si reciben las “migas” en esos grandes negociados que benefician a esos dueños del poder. Sin embargo, muchos políticos que comenzaron su “carrera” con una mano atrás y otra adelante, hoy son grandes potentados. Las migajas son abundantes, por lo visto.
Si bien es cierto, tal como afirmó, que los políticos no caen de marte, y que el pueblo les dio el voto. Este es el famoso refrán de quién tiene la culpa: el chancho o quien le da de comer. Pero convengamos que los candidatos a quienes la gente no tiene más remedio que votar precisamente son resultado de los arreglos y componendas de los dueños del poder en las dirigencias partidarias.
¿Acaso alguien puede negar que los impresentables llegados al poder no lo hacen mediante el uso desvergonzado de los recursos del Estado en sus campañas? ¿Con operadores pagados con dinero del pueblo, figurando de “planilleros” en las binacionales o en los ministerios?
Así las cosas, hay pocas esperanzas de ese cambio que la sociedad necesita. Para avanzar en este proceso de construir una sociedad más democrática y honesta necesitamos empezar por democratizar los partidos políticos, inundados de corrupción. A fin de cuentas, son los políticos en función del poder público quienes, entre los mandatos que les confiere el pueblo, están obligados a combatir la corrupción, no promoverla y servirse de ella.