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Según investigación, el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre y otras 16 personas, entre ellas Tadeo, crearon un esquema delictivo para embolsarse el dinero otorgado por el Ejecutivo para la reactivación económica en Central. Sin embargo, la jueza Penal y de Garantías María Elena Cañete, tras un exhaustivo análisis y varias consideraciones, no favoreció a Álvarez y resolvió remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado, que tendrá 10 días para emitir una resolución y devolver el expediente al Juzgado de origen.
La Fiscalía argumentó la salida procesal solicitada alegando que Tadeo fue una de las piezas claves para llegar a la verdad. Sostiene que el mismo aportó elementos valederos durante la investigación que ayudaron a desmantelar el esquema delictivo y a descubrir cómo operaban. Pero, la magistrada Cañete sopesó la participación del mismo dentro del esquema, así como también que el daño patrimonial ocurrió durante la peor época de la pandemia donde muchos centralinos murieron.
Dejó en claro que no pone en tela de juicio la investigación fiscal. En la audiencia, desvergonzadamente, Álvarez ofreció devolver la irrisoria suma de G. 100 millones para “reparar el perjuicio” causado al Estado paraguayo y pidió pagarlo en 10 cuotas de G. 10 millones cada una. Grosero y aberrante.
CIAP recibió de la Gobernación G. 5.105 millones para hacer obras de infraestructura, sin embargo, estas no se realizaron. En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas para justificar la transferencia.
Los centralinos solo esperan que prime la justicia y se castigue a los verdaderos artífices y colaboradores del daño causado. Que el fructífero trabajo hecho hasta ahora por la Fiscalía y el Juzgado, no claudique y valga la pena. Hagamos historia.