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La buena investigación de los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera dejaron al desnudo cómo operaba un esquema delictivo creado desde la Gobernación, que causó un daño patrimonial de G. 5.105 millones, del fondo covid-19, que el Ejecutivo desembolsó a la institución departamental en diciembre de 2020 para reactivar la economía y generar fuente de trabajo. Sin embargo, se embolsaron el dinero público destinado a obras sociales.
Por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, fueron acusados el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista) y otras siete personas.
Además, fueron imputados en la causa el exdirector de Gabinete de la Gobernación Miguel Ángel Robles Ibarra “el gobernador de facto”, quien también fue asesor de Hugo Javier. La otra nueva imputada también es Natalia Valenzuela, exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano.
Se sospecha que principalmente, Miguel Robles creó maquiavélicamente un esquema para desviar el millonario recurso, ya que el mismo, entre mayo y julio de 2021, habría coordinado con otros funcionarios de la institución, la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que retiró todo el dinero y contratistas, la creación, modificación y adecuación de los convenios específicos, contratos de obras, facturas y respaldos documentales que “justificarían” el desembolso.
Robles tenía un cúmulo de documentos apócrifos al que llamaba “producto” y un depósito de fotografías de obras, que ya se habían hecho antes del desembolso del Fondo Covid-19, al que llamaba “el búnker”.
A partir de esto, despiadadamente, durante la peor época de la pandemia Robles, Hugo Javier y sus secuaces, planearon fríamente cómo llenarse los bolsillos.
A puertas de un inminente juicio oral, todos los centralinos esperan que los fiscales de la causa, convenzan al Tribunal con las hediondas pruebas de que el daño existió y dejó graves secuelas en Central. También se espera que a los magistrados no les tiemble el pulso para castigar a los culpables que deben devolver todo el dinero robado.