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Las mil hectáreas de tierras de Guajhory están ocupadas por supuestos campesinos “sintierras”, quienes desde el 2014 están dentro de las propiedades privadas pertenecientes a productores de granos.
Tras varios desalojos infructuosos, en el 2016, el Indert realizó una mensura en el sitio y constató la existencia de unas 200 hectáreas de predios que fueron entregados a los lugareños ocupantes de la zona. A los restantes se les ofreció un predio de 1.440 hectáreas en el distrito de Yhú, pero solo algunos aceptaron la propuesta y otros se resistieron en el sitio.
Ante esta situación, en el 2018 el Indert propuso la compra 218 hectáreas de las tierras privadas de Guajhory por G. 7.600 millones, que equivalen a unos G. 34.862.385 por hectárea, pero hasta ahora no cumplió. La institución estatal realizó un censo en el lugar y constató que existen unas 200 familias ocupando los predios con un promedio de 4 integrantes cada quienes serían los beneficiarios de los predios.
Lo cierto y lo concreto es que, hasta ahora, nadie demuestra interés de solucionar estos problemas y parece ser que cada autoridad de turno, Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Indert, ocupantes de tierras y hasta comunicadores sociales buscan sacar réditos de la situación.
Muchos especulan que jefes policiales y fiscales han cobrados sumas millonarias para realizar los desalojos. Hubo acusaciones hacia algunos funcionarios del Indert por supuestos pedidos de coimas para agilizar los trámites, periodistas que perciben dinero de ciertos sectores para distorsionar la información y denuncias públicas contra campesinos supuestos “sintierras”, quienes estarían alquilando las parcelas de los predios a otros productores de granos para explotar libremente las tierras privadas.
Es un conflicto de nunca acabar y que parece ser que muchos no quieren terminar. El Indert, la Fiscalía y la Justicia deben dejar de joder, y poner mano dura en el tema. Los ocupantes de tierras privadas, los funcionarios públicos corruptos y los comunicadores sociales deben ser castigados y garantizar el libre trabajo y desarrollo del país.