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Pero que la Gobernación de Guairá se haya transformado de un botín del cartismo a un botín del oficialismo, no cambia la realidad de lo que detectaron el interventor Pablo Vera Insaurralde y su equipo. Vera Báez malversó G. 18.000 millones y ocasionó un daño patrimonial a la institución departamental. Esa es la conclusión final, a grandes rasgos, de la intervención.
En ese monto global, están los US$ 2 millones de fondos covid que Juan Carlos Vera Báez debía destinar en la reactivación de la economía de Guairá, pero que el gobernador gua’i terminó por usar en un gimnasio público, en la lumínica de Guaireña FC y en una planta generadora de oxígeno montada a destiempo, al término de la pandemia, que a hoy en día sigue sin funcionar, entre otras “inversiones”. Nada de esto reactivó la economía.
Para dichas obras, transfirió dinero a “comisiones vecinales” encabezadas por sus propios funcionarios. El dinero nunca lo manejaron las comisiones. Sus funcionarios/presidentes solo firmaban los cheques, pero el que administró los recursos a discreción fue otra vez el gobernador.
La intervención llega a su fin el próximo sábado y, el siguiente paso, la destitución del gobernador cartista, dependerá de si el oficialismo colorado llega a los votos. La auditoría es una maniobra para sacar a un ladrón y poner a otro en su reemplazo, tal vez peor, pero las conclusiones son contundentes: Juan Carlos Vera Báez no tiene que volver al despacho de la Gobernación de Guairá.