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Frente a esta nueva situación delictiva uno se pregunta: ¿De qué lado está la Fiscalía? La respuesta es fácil. Basta con mirar la interminable lista de las fechorías que se cometen a diario con la indiferencia o aprobación de los fiscales. Se entiende este comportamiento. Viene desde la misma fiscal general. Es el ejemplo que se extiende imparable. La señora Quiñónez está a la cabeza con el apoyo, a la vez, de cartistas, llanistas y algunos oficialistas que copan Diputados. Mientras esta complacencia continúa no será posible que nuestro país viva un presente más o menos digno.
¿Cuál es la explicación que puede darse al caso de la señora Quiñónez que sigue al frente del Ministerio Público? ¿Por qué fracasan todos los buenos intentos de apartarla del cargo? ¿Qué hace que el país siga mirando, impotente, la corrupción que lo aplasta y tan mala fama le “adorna”? Tiene una sola explicación: La fiscal general guarda bajo llave los expedientes que comprometen penalmente a quienes podrían tumbarla. Y estos la retribuyen abortando los intentos de juicio político, único mecanismo permitido por la Constitución Nacional.
Mientras tanto, la corrupción se disemina por todas partes. No hay sitio que esté libre de ella. Lo último -en nuestro país tenemos que hablar de penúltimo- encontramos en la Cooperativa San Cristóbal donde, según la intervención, habría servido para el lavado de dinero. ¿Qué hace la Fiscalía? Nada. Se sospecha que la inacción fiscal se debe a que en la denuncia se incluye a un entusiasta cartista, el diputado Basilio Núñez, siempre a la cabeza de los defensores de la señora Quiñónez.
Mientras les va bien, los delincuentes no piensan que en algún momento la bonanza se les ha de acabar. Hace unos años, quién se habría imaginado que Ramón González Daher estaría hoy en la cárcel de Tacumbú, junto con su hijo, para cumplir una pena de 15 años por usura, lavado de dinero, denuncia falsa. Estaba en la cumbre del poder político de las manos de su hermano que manejaba a su antojo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Desde ahí, encontraba fiscales complacientes que acompañaban al usurero en sus desmanes. Todo se acabó de la peor manera para los victimarios, salvo para algunos fiscales que todavía respiran.
Para estos, y otros de la misma índole, se presentó un proyecto de ley para que los actos de corrupción no prescriban. Veremos la suerte que corre. Muchos de quienes la tienen que aprobar querrían, precisamente, una rápida prescripción de forma que al terminar sus mandatos no tropiecen con problemas judiciales.
Esta atmósfera política y moral que nos envuelve permite que aumenten a diario la corrupción y la inseguridad. Esta misma corrupción que viene de lo alto es la que, por dar un ejemplo, anima a la fiscal de Pedro Juan a echarle la culpa a la víctima de un asesinato feroz. ¿A quién se le ocurre decir tamaño despropósito?: A quien tiene como modelo a una fiscal general como la señora Quiñónez. Por el momento le es útil el cartismo. Por el momento. Ahora ya no es solo el Departamento de Estado de los Estados Unidos el que interviene. También el Congreso lo hace. El círculo se va cerrando contra el líder que cuenta todavía con un fuerte apoyo. Apoyo que puede desvanecerse, según nos enseña la política criolla, en cuanto el patrón ya no pueda mantener a sus “desinteresados” admiradores. Nada es tan frágil como la adhesión pegada con dinero.
A la espera, entonces, de que el país pronto se alivie de tanta corrupción y violencia, nos queda el deseo de que ningún periodista más sea asesinado por cumplir con su deber de informar y opinar. Y ninguna otra fiscal le culpe de su muerte.