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La cooperativa fue intervenida por el Incoop (Instituto Nacional de Cooperativismo) en marzo pasado, en el contexto del operativo “A Ultranza Py”, que investiga un gigantesco esquema mafioso transfronterizo para el narcotráfico y el lavado de dinero.
La intervención del Incoop permitió detectar que políticos de peso específico como Basilio “Bachi” Núñez (HC) y Colym Soroka (Añetete) accedieron “en forma irregular a voluminosos créditos” de la cooperativa. (ver https:// www.abc.com.py/economia/2022/08/31/socios-quieren-recuperar-cooperativa-san-cristobal-y-piden-castigos-por-irregularidades/).
Bachi obtuvo un préstamo de más de 3.112 millones de guaraníes, y Colym unos 2.227 millones. Ambos diputados, irreconciliables “enemigos” de bancada, mamaron de la mista teta y accedieron a ventajas muy lejanas para el “común” de los mortales.
Pero no fue la única vez que ambos compartieron posiciones, en el contexto de las conveniencias políticas, o económicas. En mayo del 2020, ambos votaron en consonancia a favor de un “democrático” proyecto de ley para “legalizar” las elecciones de autoridades en las cooperativas, sin el desbloqueo de las listas sábana.
Esto posibilita que grupos de poder se instalen en estos entes para manejarlos a su antojo y provecho, tal como fue detectado en la intervención a San Cristóbal.
Algo así ocurre en los partidos políticos, en los que ciertos grupos, bajo el ropaje del juego democrático, se agavillan en torno a sus intereses particulares, importándoles un pito la suerte del pueblo, la democracia, el país.
Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones generales, si es que pudiéramos llamarlos “elecciones”, pues las ofertas políticas vienen enlatadas con conocidos impresentables a quienes es mejor perderlos que encontrarlos.
Vienen en tropel, con discursos amañados y promesas rebuscadas, buscando conquistar la confianza del pueblo y mantenerse en el carro del poder por otros cinco años.