Chilling effect

Una xilografía, representando el emblema tricolor, preside la sala en la que se desarrolla el juicio oral contra ABC Color por supuesta calumnia y difamación. Debido a la técnica, los colores del cuadro lucen opacos, desteñidos… ¡vaya alegoría! En “democracia” este es el escenario en el que funcionarios y exfuncionarios públicos arrinconan a la prensa utilizando el garrote jurídico para coartar la libertad de expresión.

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Las salas de tortura han mutado a salas de juicio mal iluminadas, con vetustos mobiliarios y sillas rotas en las que los “demandantes” recurren a las “sutilezas” del sistema para tratar de fulminar con argumentos (?) jurídicos el libre ejercicio periodístico.

Sendos trabajos de periodismo de investigación, en los que se consignan fuentes, documentos e incluso que se ha llamado a la parte afectada para que de su versión y esta se excusó de hablar, son cuestionados.

La tendencia de criminalizar a la prensa ha ido creciendo a nivel regional. Su objetivo, como bien lo recordó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un comunicado, “busca amedrentar a medios y periodistas y fomentar la autocensura”. La SIP hizo este pronunciamiento en el marco de los tres juicios penales contra la directora y un periodista de ABC.

Dos de estos juicios son impulsados por la exviceministra de Tributación durante la Presidencia de Horacio Cartes (2013-2018), Marta González Ayala, pidiendo como sanción la pena privativa de libertad y una compensación de aproximadamente U$S 1.400.000. La tercera demanda es sobre supuestos delitos contra el honor y la reputación presentada por Jacinto Santa María, esposo de la exviceministra.

Al decir del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, estas acciones buscan generar lo que se conoce en la legislación de los EE.UU. como el chilling efect (un “estate quieto”, en guaraní sería algo así como epyta upepe).

Se trata de un recurso que lo que busca no es precisamente justicia sino perjudicar al medio de comunicación, generar la censura y desalentar el periodismo de calidad. La justicia pareciera reducirse a un artefacto para sublimar los caprichos de personas que aparentemente no persiguen “limpiar su buen nombre” sino venganza y dinero “de arriba”.

Esta no es una cuestión menor, no es solo ABC, es socavar uno de los principios democráticos fundamentales: la libertad de expresión; sin ella estamos cerca de un Estado fallido; somos una republiqueta bananera representada en un emblema desteñido.

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