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La región latinoamericana viene padeciendo esta nueva forma agresión a la prensa que, sumada a las “tradicionales” (amenazas, amedrentamientos, agresiones y en el peor de los casos la muerte) socavan el principio fundamental de la libertad de expresión consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestro país en la Constitución Nacional.
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El análisis de este fenómeno se dio en el contexto del lanzamiento del e-book “Protección de Periodistas: Seguridad y Justicia en América Latina y el Caribe” del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, Estados Unidos.
Todos los expositores coincidieron en la preocupación de que en nuestros países se recurra al “garrote jurídico” para amedrentar a los trabajadores de la prensa y sus medios. Un gran retroceso.
Paula Saucedo, oficial de Protección y Defensa de Artículo 19 México y Centroamérica referenció que en México en el año 2021, en promedio, tres medios de comunicación fueron demandados judicialmente al mes, como parte de una estrategia de estigmatización.
Hay que estar atentos, pues además de la estigmatización otra estrategia para acallar a la prensa es restringir el acceso a la información pública, derogando leyes o creando otras que buscan “información sensible”, casualmente relacionadas con el manejo de la cosa pública.
Para Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), poner en evidencia la corrupción y al crimen organizado puede llevar a diversos tipos de represalias.
Este no es un panorama muy optimista pero es parte de una tendencia de la que nuestro país no escapa ya que en estos momentos, por ejemplo, tiene a un colega y a una directora de medio sentados en el banquillo de los acusados y, para peor, hay “periodistas” que lo celebran.
La judicialización de la censura con la complicidad del Poder Judicial nos muestra, una vez más, que este responde a intereses políticos que manejan a jueces y fiscales como un empleados de un kiosco de barrio. Nefasto.