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1. Sus autores y el Comité Estratégico que los respalda no tienen legitimidad. El Comité ha sido creado por Decreto del Poder Ejecutivo, violando 16 artículos (92 al 107) de la Ley General de Educación y cuatro (22 al 25) de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. Estos artículos prescriben que “el órgano para proponer reformas de la educación y acompañar el proceso de reforma es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias”, por tanto ningún otro organismo puede hacerlo. Y, como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico, ningún decreto puede suplantar los mandatos de la ley. El Comité Estratégico y sus equipos y mesas técnicas son ilegales y usurpan al CONEC ilegalmente sus funciones. Entretanto el Gobierno actual, violando las dos leyes citadas, mantiene cerrado el CONEC desde el 24 de enero de 2017.
2. El Primer Acuerdo viola doce artículos de la Constitución Nacional y treinta y tres de tres leyes: la Ley General de Educación, Ley Orgánica del MEC y Ley del Código de la Niñez y Adolescencia y al imponerla obliga a los ciudadanos a incurrir en las mismas violaciones. Los ciudadanos con ética y civismo rechazamos tal perversión jurídica.
3. Con los enfoques de ciclos de vida, de inclusión y de derechos se constituye al Estado en el principal garante de los derechos de los niños, elimina la patria potestad y somete a la ciudadanía a un Estado totalitario, destruyendo la democracia. Así viola el derecho natural, la Carta de los Derechos Humanos fundamentales, nuestra Constitución y las leyes que reconocen los derechos inalienables de los padres y el papel subsidiario del Estado.
4. Viola el artículo 115 (inciso 13) de la CN y el 79 de la LGE eliminando la educación campesina y rural, con la formación técnica agrícola, pecuaria, forestal y pesquera de los campesinos y sus familias, actores del desarrollo económico.
5. Viola el artículo 74 de la CN eliminando la educación religiosa.
6. Impone una pedagogía trasnochada de los años 60-70 del siglo pasado, poniendo de modelo al pedagogo marxista Paulo Freire y su libro “Pedagogía del oprimido”, ignorando la pedagogía científica y ni siquiera fundamenta el Plan con las ciencias básicas auxiliares de la educación, como la antropología, filosofía, sociología y psicología actualizadas.
7. Viola el artículo 74 de la CN, que garantiza el pluralismo ideológico e impide la imposición ideológica en educación, imponiendo, por ejemplo, las directrices de la “ideología de género” y orientaciones del marxismo.
8. Tratándose de un Plan Nacional, que transforma el sistema y los procesos educativos, con necesario nivel académico, no aparece en todo el Plan la función fundamental de las universidades; se las ignora despectivamente, debiendo ser protagonistas de la transformación educativa.
9. El Primer Acuerdo se ha elaborado sin ninguna participación de las asociaciones de padres, violando así los artículos 53 de la CN y 71 de la ley del Código de la Niñez y Adolescencia.
10. Igualmente, viola los artículos 12 y 22 de la LGE que exigen la participación de las Comunidades Educativas institucionalizadas de acuerdo a los artículos 7 y 11 de la LGE, para la organización del sistema educativo y la definición y fijación de las políticas educativas.
11. En la versión última del P.A. se ha incorporado una novena política, presuntamente para integrar a las familias, sociedad y comunidades educativas. Fraudulentamente al definir su “objetivo”, las comunidades educativas son eliminadas y suplantadas por los “actores sociales”.
12. Arbitraria y sospechosamente crea una nueva figura de ¿“educadores”? al margen de la ley y sin título académico profesional en educación, ONG y grupos sociales tendrían “derecho” a entrar en las instituciones educativas para enseñar a los estudiantes. Una invasión contra los derechos de los verdaderos profesionales con título y contra la privacidad y autonomía de las instituciones educativas.
NADIE, y menos quienes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, puede imponer un Plan Nacional que viola la Constitución y las leyes.