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El 13 de junio, el primer día laboral después de la cumbre, cuando las delegaciones oficiales latinoamericanas recién estaban llegando de regreso a sus países de Los Ángeles, el régimen cubano anunció condenas draconianas de hasta 25 años de prisión a 381 manifestantes que habían participado en las masivas protestas pacíficas del año pasado.
Durante semanas antes de la cumbre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había hecho una gran alharaca por la decisión del Presidente Biden de no invitar a la cumbre a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuando Biden tomó su decisión final de no invitar a estos regímenes, López Obrador boicoteó la cumbre y envió a su canciller en su lugar.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistió a la cumbre, pero usó buena parte de sus apariciones públicas para criticar a Biden por no invitar a las tres dictaduras.
En rigor, Biden hizo lo correcto. Según una resolución de la Cumbre de las Américas en 2001, solo los países democráticos deben ser invitados a estas reuniones regionales. Además, tras la reciente y brutal represión de las protestas pacíficas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, invitar a sus gobernantes hubiera equivalido a premiar la represión.
La nueva ronda de represión gubernamental de Cuba, al igual que el comportamiento del régimen cubano tras la normalización de los lazos con la isla del presidente Obama en 2014, demuestra que la dictadura cívico-militar cubana no tiene el menor interés en respetar las normas internacionales de derechos humanos.
“Muy rara vez en años recientes hemos visto en América latina condenas tan masivas y abusivas en contra de manifestantes mayoritariamente pacíficos, quizás con la sola excepción de Nicaragua”, me dijo Juan Pappier, un experto en Cuba del grupo de derechos humanos Human Rights Watch. “En la propia Cuba misma, nunca habíamos visto algo parecido en las últimas décadas”.
Un total de 790 cubanos, incluidos los 381 sentenciados el 13 de junio, fueron arrestados durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, que fueron las más grandes en la isla en la historia reciente.
Muchos de ellos fueron arrestados por corear “libertad”, o por portar carteles que decían “Patria y Vida”, el eslogan opositor que desafía el grito de guerra “¡Patria o Muerte!”, con el que cerraba sus discursos el difunto dictador cubano Fidel Castro.
La mayoría de los condenados fueron sentenciados a penas de prisión de entre diez meses y 25 años. Entre los sentenciados había 16 jóvenes de dieciséis a diecinueve años, según los fiscales del gobierno de Cuba.
Prisoners Defenders, un grupo de derechos humanos con sede en Madrid, describió los juicios como “un teatro”. El grupo tuiteó: “Prisión provisional: sin supervisión judicial. Abogados: del gobierno. Expedientes: ocultos. Juicios: a puerta cerrada. Peritos: del Ministerio del Interior de Cuba. Testigos: solo policías y funcionarios”.
Un comunicado de la Fiscalía General de Cuba anunciando las sentencias dijo que los acusados habían “atacado el orden constitucional y la estabilidad de nuestro estado socialista”.
Seis embajadores europeos en Cuba, incluidos los de Alemania y el Reino Unido, intentaron ingresar a la sala del tribunal, pero no se les permitió hacerlo, dicen activistas de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también habían solicitado sin éxito permiso para asistir a los juicios.
Y, sin embargo, al momento de escribir estas líneas, los países latinoamericanos que lideraron la ofensiva diplomática para invitar al régimen de Cuba a la cumbre de Los Ángeles no han dicho nada sobre las ridículas condenas a los opositores pacíficos cubanos.
El régimen cubano se ha burlado de los presidentes de México, Argentina y otros países que salieron en su defensa en la IX Cumbre de las Américas. Lo mínimo que deberían hacer es condenar públicamente esta nueva ola de represión en Cuba, de la misma manera en que condenaron la decisión de Biden de no invitar a Cuba a la cumbre.