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La persona sorprendida transportando carne vacuna de dudosa procedencia, por lo general, no es detenida por la Policía, ya que paga “coima” para continuar viaje; esto lo comentan los propios cuatreros en las rondas de tragos durante las cuales se ufanan de sus “hazanas”.
Cuando por cuestiones de falta de entendimiento en el monto llegan a ser procesados, los abigeos quedan a cargo del Ministerio Público y el Poder Judicial, instancias en las que los precios del arreglo son mayores, ya que se duplica el número de personas que se reparten la “dádiva”.
En caso de que algún juez trate de seguir el camino correcto, aparece la figura de algún politicastro para el apriete o las amenazas de que serán enviados al Jurado de Enjuiciamiento. El magistrado termina cediendo ante estos indeseables.
Son casos que ocurren cada cierto tiempo en Alto Paraguay, aunque por temor a represalias nadie se anima a denunciar formalmente con nombres y apellidos. Cuando unC actúa como corresponde, aparece un prominente politicastro para intimidarlo para que libere al acusado. Son los mismos que en los actos públicos hacen pomposos discursos exigiendo mayor seguridad y que paren los hechos de abigeato.
Siendo este el panorama, sin duda se puede asegurar que el negocio de robo de animales vacunos en Alto Paraguay tendrá larga vida. Los ganaderos, principalmente aquellos considerados pequeños productores, no tienen otra opción más que resignarse a esta triste realidad.