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El error y delito más grave del sistema educativo es que viola la Constitución Nacional y, por lo menos, tres leyes. Es obvio que si el Comité Estratégico, máximo responsable del Proyecto de Transformación, y sus equipos técnicos quieren transformar la educación para mejorarla, lo primero que tienen que hacer es ajustar todo el sistema educativo a los mandatos ineludibles de la Constitución Nacional y las leyes. Eso no lo han hecho; al revés, lo que han hecho es violar más artículos. Por ejemplo: El artículo 74 de la Constitución “garantiza el pluralismo ideológico”, lo que significa que en educación no se puede imponer ninguna ideología, porque en democracia todas las ideologías legítimas tienen igualdad de oportunidades. Sin embargo, el PNTE ha impuesto la ideología de género, camuflada sin citar su nombre explícitamente, pero manteniendo sus estrategias básicas, como el “enfoque de derechos”.
Digan lo que digan los autores y promotores del Proyecto de Transformación, todos comprendemos que un proyecto que viola la Constitución y las leyes es un proyecto inútil, porque a los ciudadanos con ética y civismo no se nos puede imponer y obligarnos a violar ninguna ley, queremos vivir en Estado de derecho y hacer democracia. Este Proyecto no nos sirve, es inútil.
Para que no quepa duda de que se viola la Constitución, voy a citar artículos violados y aclarando qué es lo que violan.
El artículo 73 dice que la educación debe ser integral, que desarrolle todas las dimensiones y potencialidades de cada educando. Nuestra educación y la Transformación no educan la dimensión espiritual, cuarta dimensión esencial que constituye al ser humano y lo diferencia de los demás mamíferos.
El artículo 74 “garantiza la educación religiosa”, y el hecho es que el Ministerio y el PNTE la han eliminado, a pesar de que el 96% de los ciudadanos se han declarado cristianos en el último censo nacional y de que es imposible entender las raíces, la cultura, la historia, las costumbres y hasta la geografía física de ciudades y calles sin cultura religiosa.
Además, el artículo 74 “garantiza el pluralismo ideológico”, también violado, del que acabo de escribir en el párrafo segundo.
El artículo 75 responsabiliza de la educación a la sociedad y reconoce la primacía de la familia, de acuerdo con el derecho natural, la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y nuestra misma Constitución en artículos anteriores, que enseguida citaré. El Estado tiene responsabilidad subsidiaria. Como dice el artículo 71 de la ley del Código de la niñez y adolescencia, los padres tienen el derecho y deber de “dirigir el proceso educativo de los hijos”. Y la realidad es que el PNTE pretende imponer en nombre del Estado un plan y programas en los que los padres han sido expresamente excluidos y cuyos objetivos minan directamente derechos fundamentales de los padres.
El artículo 76 ordena que las comunidades educativas participen en la “organización del sistema educativo”. No solo no han participado, sino que el PNTE las elimina definitivamente y pretende suplirlas por Comunidades de aprendizaje.
Los artículos 113 y el 18 de las Disposiciones finales prescriben la educación para la cooperación y la educación enseñando la Constitución. Nada de esto le interesa a los responsables de dicho Proyecto.
Más llamativa, por su evidente trascendencia social y económica, es la violación del artículo 115 (inciso 13) que exige la educación campesina y rural, y que el artículo 79 de la Ley General de Educación concreta, exigiendo para los campesinos y sus familias la educación agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, como soporte importante de la economía nacional.
Así podríamos añadir otros artículos violados: 49 y 54 sobre familia y patria potestad; 4 sobre derecho a la vida versus aborto; 2 sobre la soberanía del pueblo versus Agenda 2030; 28 sobre el derecho a la información.
Lógicamente rechazamos el PNTE. Es perverso.