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Para quienes no vivimos una guerra cuesta imaginar ese escenario de horror y miedo que representa para quienes la padecen, sobre todo pensando que muchos de nuestros combatientes se vieron obligados a vivirla siendo todavía casi niños.
La soberanía, ese concepto tan amplio y potente, que no solo se restringe a la defensa armada de un territorio, sino a honrar diariamente en todas las áreas, el compromiso de autodeterminación que desde el proceso de independencia que se inició en la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811 llevaron adelante diferentes grupos de personas, como los próceres y los combatientes contra la Triple Alianza y Bolivia.
Ser soberanos: una idea amplia y estimulante, aplicable a diferentes actividades de nuestra vida como pueblo.
Está por ejemplo la soberanía energética, a la que se apela como concepto para intentar entender el enorme valor que debería tener el poder utilizar la mayor cantidad de energía hidroeléctrica que producimos, para generar desarrollo y mejorar nuestra calidad de vida, y no terminar malvendiéndola a nuestros socios de las empresas binacionales.
O la soberanía alimentaria, sintetizada en la capacidad de producir y distribuir los alimentos que consumimos, y poder acceder económicamente a ellos, para no depender de la necesidad importar lo que otros producen.
Pensamos también en la soberanía como la capacidad de tener un Estado honestamente administrado, que dependa lo menos posible de la contratación de préstamos prescindibles que no terminen elevando constantemente nuestro nivel de endeudamiento público.
Solo hace un par de semanas hablábamos de la necesidad de dotar de radares primarios y secundarios, fijos y móviles, a nuestra Fuerza Aérea, en medio del debate sobre los proyectos de ley presentados para derribar aviones sospechosos de formar parte de organizaciones criminales.
Abogábamos por dotar de estas herramientas a la fuerza pública, haciendo expresa referencia a que el proceso de inversión con fondos públicos debía ser celosamente vigilado y transparentado para evitar que se convierta en un nuevo negocio para quienes miserablemente medran con el dinero de todos.
Pasaron unos pocos días, para que esta semana la Contraloría General de la República nos suministre otra bofetada de realidad, al emitir un lapidario informe sobre radares aéreos adquiridos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
La auditoría a radares comprados para el aeropuerto de Concepción hace cinco años certificó que no funcionan un radar primario y otro secundario proveídos por la empresa OMNI S.A. a la DINAC para el aeropuerto del primer departamento.
El informe además certifica que se instalaron equipos de menor alcance o inferior calidad a la establecida en el contrato.
El contrato fue adjudicado hace casi 5 años bajo la administración de Luis Aguirre, y fue ejecutado principalmente bajo la de Edgar Melgarejo, con un costo total para el Estado de más de 50 mil 800 millones de guaraníes, de los cuales el actual titular Félix Kanazawa también realizó un último desembolso de reajuste.
El informe de la Fuerza Aérea sobre el caso fue lapidario: el radar primario instalado en el aeropuerto de la base aérea de Concepción, solo es capaz de suministrar información imprecisa para las operaciones de interceptación debido a su limitado alcance.
El informe de la Contraloría ya se remitió al Ministerio Público. La DINAC promete corregir el problema.
En otros tiempos la traición a la patria se pagaba con fusilamiento.
Ahora nos conformaríamos con que la justicia haga que los responsables vayan con sus huesos a la cárcel y devuelvan el dinero mal administrado.