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El actual intendente de esta ciudad, José Luis Benítez (ANR), señaló que él puede responder por su administración desde que asumió en el cargo, por los meses noviembre y diciembre. Por su parte el exintendente Juan Carlos Meza (PLRA) no ha respondido a los cuestionamientos emitidos por el cuerpo legislativo, según expresó el mismo presidente de la Junta, Ariel Giret (ANR).
Entre las anomalías detectadas figura la obra paralizada del palacete municipal y que hasta la fecha ya se ha pagado la suma de G. 3.431.797.276, con plazo vencido para su culminación. Lo grave, según el informe de la Junta, es que la estructura edilicia, inconclusa, no figura en el balance general como patrimonio de la institución comunal.
En el rechazo de la ejecución presupuestaria figura una presunta malversación de fondos de G. 1.197.188.593 equivalente al 60 por ciento que le corresponde al Municipio por el cobro de impuesto inmobiliario. La multimillonaria suma fue destinada para financiar gastos corrientes en contravención al artículo 179 de la Ley 3966/2010, Orgánica Municipal.
Además se detectaron omisiones de cobros en conceptos de impuestos inmobiliarios y patentes rodados y de transferencias de deudas a la Opaci, entre otras.
La Contraloría General de la República (CGR) también realizó un examen especial de rendición de cuentas y auditoria de obras. El equipo auditor tiene 60 días para emitir un informe, resultado de la pesquisa contable y administrativas.
Las autoridades municipales tienen deberes y atribuciones. En el caso del ejecutivo no está solo para cobrar impuestos sino embellecer el radio urbano, mejorar las calles, ordenar el tránsito, cuidar los espacios verdes, fomentar la salud, la educación y promover el desarrollo social y cultural del Municipio.
Más que un deber es una obligación de los administradores, en este caso de la comuna, rendir cuentas sobre el manejo del dinero de los contribuyentes.