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Además la construcción del palacete municipal quedó paralizada por falta de recursos. La nueva administración de José Luis Benítez (ANR) tiene que reactivar la obra cuando consigan los rubros.
El nuevo intendente señaló que va a pedir una auditoría de obra a fin de saber si los trabajos fueron ejecutados conforme al presupuesto de G. 4.200 millones y las especificaciones técnicas.
En San Ignacio la administración del exintendente Carlos Afara (ANR) dejó deudas reales de G. 5.200 millones, suma que no tiene cobertura presupuestaria, ni fondos ni recursos.
El coordinador del corte administrativo de la Intendencia ignaciana, Ramón Mereles, explicó que los compromisos contractuales son rubros provenientes de royalties y Fonacide y que asciende a G. 3.072 millones, monto que se puede recuperar con los desembolsos.
Pero el agujero enorme que la nueva intendenta Cristina Ayala (ANR) tiene que cubrir son las deudas reales (de G. 5.200 millones), pero no tiene sustento porque no están presupuestadas.
Los municipios son gobiernos locales, cuyos intendentes tienen la responsabilidad de administrar los bienes comunales. Por su parte la Junta Municipal es el órgano contralor que debe legislar y cuidar el manejo de los fondos a cargo del ejecutivo.
Si cada autoridad cumple bien su rol conforme a las normas y la Ley Orgánica Municipal no habría problema de administración.
Sin embargo en la práctica la mayoría de las intendencias, salvo excepciones, tuvieron serios problemas, lo que demuestra un aplazo como administradores. Es también un desafío para las nuevas autoridades de cumplir con honestidad los deberes ante los contribuyentes. No se trata de asumir el compromiso para cobrar solo impuestos, sino de administrar con transparencia los recursos y promover el desarrollo.