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Al crimen de Leguizamón, le han seguido otros 18 asesinatos de periodistas en la era democrática y muchos de ellos tienen que ver con vendettas de la mafia del narcotráfico de frontera.
A los familiares de Santiago Leguizamón los mandaron a callar. Y tanto la viuda como sus hijos han padecido un calvario que comienza a tener fin luego de que hayan tenido la oportunidad de declarar de manera telemática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fue espeluznante confirmar, lo que siempre sospechábamos: que el propio gobierno de entonces estaba involucrado y que el mismísimo sistema judicial la mandó a callar porque no le convenía y que “cualquier cosa podía pasar” a sus hijos camino a la escuela si ella se reafirmaba en sus dichos.
Delante de una webcam y ante los ojos de este continente se supo la verdad que por tanto tiempo la familia había callado, temido y llorado en silencio: saber quién dio la orden tácita para que mataran a Leguizamón, en una fecha que no fue elegida al azar por sus verdugos: Día del Periodista Paraguayo.
Era un claro mensaje de que pese a que a Paraguay había llegado la democracia, esta solo existía de nombre y eso es, en muchos aspectos una realidad que vivimos hasta hoy.
Morra de Lequizamón dijo que fue el entonces presidente Andrés Rodríguez quien había dado la orden tácita de asesinarlo cuando comentó que “algo hay que hacer con este muchacho” durante un encuentro social en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La familia Leguizamón jamás encontró ni encontrará justicia en el Paraguay porque aquí todo está podrido y falta demasiado para que esto cambie.
Aquí, todos están acomodados y viven al amparo de la impunidad de la narcopolítica. Solo instancias foráneas como la CIDH nos dan esperanza de justicia, en términos procesales; así como la DEA de Estados Unidos en instancias operativas hacen lo que las autoridades locales no lo hacen: la búsqueda de justicia, aunque algunos lo llamen intervencionismo.