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La norma, que reemplazó el proyecto del Ejecutivo de crear un subsidio para todos los emblemas bajo el nombre de Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, rige exclusivamente para la empresa del Estado que desde hace ya algunos años entró también a competir en el proceso de venta directa al público a través de estaciones de servicio con su emblema.
Es que históricamente Petropar fue una empresa distribuidora de combustibles a emblemas privados que a su vez los vendían al público, pero ya hace un buen tiempo asumió el papel de competidora dentro del mercado.
El detalle no menor es que de su red de más de doscientas veinte estaciones la estatal solo administra seis, el resto funciona bajo un régimen de concesiones a empresas privadas.
Siendo así las cosas, serán también los concesionarios privados de Petropar los grandes beneficiados con este subsidio a la estatal, al aumentar lógicamente la demanda de esos dos tipos de combustible en sus estaciones.
Es lo que reclaman los diferentes representantes de emblemas privados al argumentar que se genera así una competencia desleal que no solo protege a una empresa pública sino que genera privilegios de forma indebida a quienes hicieron negocios con ella para acceder a la concesión de sus estaciones.
Sí, probablemente muchos dirán pese a esto que está bien, que hay que mirar para otro lado, que Petropar es una empresa del Estado, que los empresarios privados muchas veces abusan con sus precios, y que hay cada vez más estaciones de servicio pese al discurso de que el negocio va reduciendo sus márgenes de ganancia.
Pero el problema es con la Constitución Nacional y con el artículo 107 que establece que se garantiza la competencia en el mercado y taxativamente ordena que no serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia.
Otro detalle no menor es que una parte de estas estaciones privilegiadas por la nueva ley están en manos de políticos o de sus clanes familiares, quienes fueron beneficiados mediante estas conexiones con las concesiones de la empresa del Estado.
Al observar el listado de las más de doscientas veinte estaciones saltan por ejemplo varios nombres de políticos que explotan estos negocios, como los del diputado Erico Galeano, el dirigente de seccional Víctor Molas, el concejal capiateño Néstor Castellano, la exconcejal de Villa Hayes Nidia Lorena Cabrera, la madre del diputado Tomás Rivas, la hija de la diputada Del Pilar Medina, el padre de la diputada Jazmín Narváez, la exgobernadora de Caazapá Celina Roa y el exintendente de Hernandarias Blas Leguizamón, conforme a un listado publicado días atrás por este diario.
Todas éstas fueron evidentemente concesiones de privilegio de la estatal, que ahora se convierten nuevamente en privilegiadas por la ventaja competitiva que supondrá un subsidio para esos dos tipos de combustibles, que será pagado, vale recordarlo, con impuestos públicos.
Es más le agregamos, si el operativo “A Ultranza” no se hubiese llevado adelante, también estaríamos subsidiando al clan Insfrán, que explotaba una de las estaciones de servicio de Petropar.