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Un claro ejemplo del abandono estatal y la violación de los derechos humanos de la gente de nuestro país, son los pobladores del distrito de San Joaquín. Una localidad situada a un poco más de 100 kilómetros de la capital departamental de Caaguazú, Coronel Oviedo, y a 240 kilómetros de la capital del país, Asunción.
Hace más de dos meses, sus 17.000 habitantes están sin ni un médico de guardia permanente en todas sus dependencias de salud. Cientos de embarazadas quedaron a la deriva y deben de viajar varios kilómetros hasta otros distritos para poder recibir atención de salud. Muchas de las familias son de escasos recursos y no tienen la posibilidad de movilizarse dichas distancias.
Al no existir garantías de al menos atención primaria de salud, representa una plena y grave violación de los derechos humanos en nuestro país.
Desde la Quinta Región Sanitaria informaron que existen médicos disponibles e interesados en ir a dichas localidades a prestar servicios, pero que los trámites burocráticos en el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS) imposibilitan enviar a los profesionales y hasta ahora no hay una respuesta alentadora sobre la situación.
Es increíble imaginar que existan tantas trabas para solucionar una situación tan sensible y compleja como es la atención primaria de salud para personas vulnerables de nuestra nación.
La gente debe denunciar y exigir a sus autoridades de turno respetar y cumplir con los derechos sociales, políticas y económicas que se meceré cualquier ciudadano del país.
El Gobierno debe dejar de mentir al mundo mostrando un rostro humanitario falso. Debe preocuparse en serio de los problemas que enfrenta a diario la población vulnerable del Paraguay. Los pobladores no se merecen semejante inoperancia criminal.