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A lo largo de nuestra historia, la policía ha sido más garrote político que custodio de la seguridad pública. Hoy está corrompida profundamente y no hace falta citar ejemplos. Aunque existen todavía efectivos honorables que mantienen el sentido de la institucionalidad y la decencia. Lastimosamente no son mayoría. La narcopolítica ha venido a ahondar más la trágica corrupción en las fuerzas policiales en cuyas filas pululan hoy hasta sicarios al servicio de algún traficante.
Los jefes policiales, en buena medida, no responden a la institución y a sus fines legítimos, sino a poderes fácticos que todo lo dominan a platazo limpio, con dinero sucio. Y así, en las filas alguna vez comandadas por el glorioso general Ignacio Genes o por el ilustre doctor Roberto L. Petit, reina un ordenado desorden.
En el 2019 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar la policía. Tal proyecto contemplaba duras exigencias para el ingreso al cuadro permanente de oficiales y suboficiales; sometimiento a evaluaciones psicológicas y psicofísicas de los efectivos y el freno a la admisión a las fuerzas de quienes tuvieran antecedentes penales. Ya no se iba a ascender por antigüedad, sino por desempeño y análisis de gestión. La bancada de Honor Colorado se opuso tenazmente a ese proyecto, que no fue aprobado y pasó al archivo.
En cuanto a la justicia, un ministro de la Corte Suprema, el doctor Alberto Martínez Simón, presentó en el 2020 un proyecto de ley “Que establece el nuevo régimen unificado de recusaciones” contra ministros de la Corte, actuarios judiciales y otros auxiliares de justicia. Era un proyecto de “ley antichicana”, que se originó ante la cantidad de recusaciones por parte de los abogados defensores como recurso para dilatar un proceso, en un acto de palmario “abuso del derecho”.
Ejemplo del abuso de la chicanería es el caso del exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Núñez, quien logró eludir una audiencia preliminar por nada menos que 32 veces. Óscar es hermano de Basilio Núñez, líder de la bancada de HC en Diputados.
Tal proyecto fue al cajón de la Comisión de Legislación del Senado, presidida por Enrique Bacchetta, del sector oficialista de la ANR. Las chicanas han salvado a políticos corruptos de varios partidos, pues la corrupción política ya no es patrimonio exclusivo del coloradismo.
La corrupción en la policía y la justicia es un río revuelto para ganancia de inmorales. Los sectores sanos de la política deben rescatar a ambas instituciones de las garras viciosas, antes de que pasen a constituirse en feudos definitivos de la mafia.