Cargando...
Hugo Javier entregó a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, imputado, la suma de G. 5.105 millones, y al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera (no investigado) otros G. 1.276 millones. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas a crédito que figuran como pagadas, facturas de empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías.
El escándalo ya tomó estado público, con nombres y apellidos de los presuntos involucrados, en junio del año pasado. Pero al gobernador le faltó vergüenza y siguió el baile, ya que a mediados del 2021 recibió otro millón de dólares del Estado, otra vez del fondo covid, y lo volvió a repartir.
Esta vez, dos de los 14 imputados fueron los afortunados. Los contratistas Óscar Morel Oses y José Félix Grau Fernández. Hugo Javier, más conocido como “el número 2″, por su faceta como animador de fiestas, ya desembolsó más de G. 3.800 millones de G. 6.382 millones, bajo la excusa de la realización de “obras en espacios públicos”, que serán solventados con el fondo covid.
Sin embargo, los fiscales que investigan la ejecución del primer millón de dólares, Rodrigo Estigarribia, Luis Said, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, cuestionaron en el acta de imputación, precisamente que el dinero haya sido gastado en obras de infraestructura en espacios de uso público y no en salud, ya que se trata de un rubro sanitario.
También los agentes solicitaron como medida alternativa que Hugo Javier y los funcionarios imputados sean apartados de sus respectivos cargos y no vuelvan a ingresar a la Gobernación. Pero las innumerables chicanas presentadas por los abogados de los sospechosos, hasta la fecha retrasan que la audiencia de imposición de medidas se lleve a cabo.
Es inconcebible, primero que el Ejecutivo siga otorgando fondos a la Gobernación de Central a pesar de las graves sospechas de lesión de confianza existentes, y segundo, que los defensores legales de todos los imputados sigan chicaneando a diario para dilatar el proceso penal, situación que penosamente permite que el gobernador cartista Hugo Javier siga manejando los recursos públicos.