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Los máximos responsables de que existan o no existan, según la Constitución Nacional (arts. 240 y 242) son el Ministro de Educación y Ciencias, bajo la autoridad del Presidente de la República, porque al ministro le corresponde la responsabilidad del gobierno, dirección, gestión y administración del sector de la educación en el Estado.
¿Quién le impide al ministro crear las comunidades educativas? ¿Qué intereses tiene el ministro para no crearlas? ¿Por qué no las crea si es un mandato de la Constitución (art. 76) y de la Ley (art. 7)? ¿Tiene el ministro alguna justificación válida para no crearlas? ¿Qué dicen la Fiscalía General y los organismos del Estado encargados de hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes? ¿Por qué los partidos políticos, incluidos los de la oposición, los gremios de docentes y de directores de las instituciones educativas, las asociaciones de padres y de estudiantes toleran en silencio la violación de la Constitución Nacional y de la Ley? ¿Por qué todos aceptan además del gravísimo desacato jurídico, la violación impune de derechos ciudadanos? ¿Será un silencio cómplice de la corrupción? ¿Tanto es el poder y despotismo del ministro y el gobierno de la educación?
La ciudadanía debe saber por qué son importantes, mejor dicho esenciales, las comunidades educativas, qué son, cuáles son sus funciones y responsabilidades, para comprender en su verdadera magnitud el daño lesivo que su eliminación produce en el sistema educativo, en las instituciones educativas y en los procesos educativos de todos los niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos del país.
Los miembros de las comunidades educativas son los principales actores protagonistas del sistema y de los procesos educativos, es más ellos son las personas por las que existen y para quienes existen el sistema educativo y los procesos educativos.
En el imaginario social, en la mente colectiva se ha producido insensiblemente una errónea distorsión de los roles debidos y la mayoría de la población piensa que las autoridades educativas y el ministerio son los principales componentes del sistema y de los procesos, cuando la realidad debe ser que tanto las autoridades como el ministerio existen y tienen como función y responsabilidad servir a las comunidades educativas, porque a dichas autoridades y a los funcionarios del ministerio la ciudadanía les ha confiado y les paga para que hagan el servicio de coordinar con gobierno y dirección lo que sea necesario para satisfacer los derechos, necesidades y legítimos deseos de los ciudadanos en el ámbito de la educación pública.
Se ha pervertido el orden democrático, para instalarnos de nuevo en los modos de gobierno y administración de dictaduras. Los gobernantes y sus funcionarios en el MEC no sólo no están al servicio de las comunidades educativas, sino que, violando la Constitución y la Ley, las han eliminado, dejando atomizados a sus miembros.
Cada comunidad educativa debe estar conformada por seis grupos de personas y sus instituciones: estudiantes, profesores, padres de estudiantes o tutores, egresados, directivos y administradores (Art 11, inciso i) de cada institución educativa.
Entre sus funciones y responsabilidades la ley destaca: participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, participar en la organización del sistema educativo nacional, ser consultados permanentemente por el Gobierno y participar en las deliberaciones sobre las políticas educativas públicas, ser informados periódicamente sobre el estado y resultados de la educación pública, etc.
Nada de esto se hace. Las autoridades educativas autócratas y autoritarias mantienen eliminadas las comunidades educativas que por ser representativas y participativas constituyen una estructura absolutamente esencial en el sistema educativo de una verdadera democracia
La ciudadanía debe saber que eliminar las comunidades educativas viola la Constitución y la Ley, desmonta la democracia en educación, desestructura el sistema educativo, desvirtúa los procesos educativos, debilita a las instituciones educativas y arrebata derechos a los estudiantes, a sus padres, a los profesores, directivos, egresados y administradores de las instituciones educativas públicas y privadas.
Los ciudadanos comunes preguntamos: ¿Continuamos así, Sr. Ministro?