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Recordemos que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación hace un año, G. 6.382 millones, fondo de emergencia sanitaria por covid para que Hugo Javier genere fuentes de trabajo para contrarrestar los efectos causados por la pandemia. Pero prefirió despilfarrar nuestro dinero y repartió G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud. Y con esto comenzó el festín.
Los representantes del pueblo ignoraron por completo los informes contundentes de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que confirmaron la existencia de facturas clonadas, rendición de cuentas fraguadas, pago doble por obras, efectivización irregular de los fondos y muchas otras anomalías. Incluso denunciaron el hecho ante la Fiscalía. También, Auditoría General del Poder Ejecutivo constató un rosario de irregularidades y, por si fuera poco, la Contraloría General de la República también alertó sobre el mal manejo de los recursos. Pero ninguna de estas auditorías importó para la honorable Cámara Baja. Esta es la primera causal del pedido de intervención.
Lo más vergonzoso es que los diputados se olvidaron de la otra causal. La falta de documentos, facturas, que respalden el uso de G. 18.300 millones, dinero que Hugo Javier entregó a varias oenegés en 2019. Esto también está probado por la Contraloría.
Los majaderos dieron vía libre al carroñero del dinero público para que siga repartiendo los recursos de la Gobernación a todas sus oenegés preferidas. Y lo sigue haciendo descaradamente, tal como sucedió el 30 de septiembre de este año, que, estando ya investigado por las millonarias transferencias a ONGs, volvió a contratar a otra organización y le dio casi un millón de dólares para “obras de carácter social”. El exanimador de fiestas, por lo visto, aprende.
Ahora todo queda en el campo del Ministerio Público y solo nos resta confiar en los agentes y rogamos siempre por el factor sorpresa. Pido disculpas a todas las familias víctimas de covid, por las majaderías del gobernador.