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Entonces ni el Tekopora, ni el Tekoha, ni el subsidio de adultos mayores ni ningún otro plan social el que más incide sobre el bolsillo del contribuyente sino el descalce que existe entre la contribución por una diversidad de años de aporte como tantas cajas de jubilación existe. Así los docentes del sector público por un lado, el personal de blanco por otro, los funcionarios municipales sumándose en otra línea, cajas de jubilaciones de las binacionales y hasta de los funcionarios del ferrocarril sin olvidarnos de los sistemas de pensiones de militares y policías completan esta orquesta “disfónica” que anualmente “solicita” (sin preguntar si le damos permiso) a los contribuyentes el dinero para abonar la jubilación de sus beneficiarios.
No pasa lo mismo con el celo del IPS sobre los años de aporte de funcionarios del sector privado. Que aún con sus desajustes en cuanto a los años de aporte, los promedios tomados para la tasa de sustitución — que se asemejan mucho más a sistemas de países nórdicos que al nuestro — sigue siendo mucho más estricta y puntillosa con las contribuciones de empleados y empleadores.
Quiero empezar a creer que esta sistemática desatención hacia el futuro se ha convertido en la regla populista — socialmente tolerada sino aceptada — va hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos quienes se verán a mediano plazo a pagar la jubilación de un grupo de ciudadanos que gracias a este privilegio, trabajarán menos y tendrán una tasa de sustitución (el dinero que recibirán como prestación una vez jubilados) mucho mejor que la del contribuyente “de a pie”.
Nadie habla de esto. Nadie lo mira. Mientras tanto este año se ha aprobado un 16% de aumento salarial a los docentes del sector público — sí, a todos sin importar si lo merecen o no — que no hace otra cosa que aumentar lo que a futuro percibirán el día que se jubilen en un periodo hasta 45% inferior al periodo de aporte de un trabajador del sector privado.
Algunos estudios realizados por investigadores paraguayos con apoyo de universidades europeas que se dará a conocer próximamente apunta a que en el 2050 este deficit puede llegar a alcanzar 5.000 millones de dólares (monto con el que se podrían construir más de 400 km de ruta, 2.000 aulas, duplicar el presupuesto de salud o educación).
La idea no es preocuparnos sino ocuparnos. Es de vital importancia comprender que lo que vamos a perder es mucho más grande que el beneficio a corto plazo que recibimos por servicios que, en primer lugar deben mejorar sustancialmente.
Recordemos que según un informe del BID se “malgasta” anualmente un equivalente al 3,9% del PIB. Esto equivaldría a un presupuesto entero del Ministerio de Salud o de Educación solo para tener una idea.
Los congresistas tienen impacto directo en el direccionamiento del presupuesto. Su responsabilidad es innegable. Y los electores tenemos responsabilidad directa sobre los representantes a quienes elegimos por lo que el solo hecho de cargar la culpa al otro no será suficiente. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que cualquier ciudadano hoy puede tener acceso a estos números en tiempo real para ir construyendo el perfil de candidato para elegir en las próximas elecciones mientras hace el cálculo en tiempo real de cuanto dinero de su bolsillo se esfuma en servicios de mala calidad.