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Lo malo es que quienes deben indignarse, no se indignan; quienes deben actuar protegiendo los eslabones más débiles de nuestra sociedad, no tienen el mínimo interés de resolver cuestiones que para ellos son irrelevantes y la sociedad fracasa cuando perdemos la capacidad de indignarnos, cuando el sordo grito de un niño o niña no hace eco en quienes deberían aplicar con todo su peso la ley.
Según el propio Estado, de enero a abril de este año se registraron 848 denuncias por abuso sexual de niños y niñas. Esto promedia 7 denuncias por día solo en los primeros meses del año. Los números totales con los que cerraremos el 2021 podrían triplicarse. De todos estos casos, tanto el niño como la niña, es indiferentemente víctima y no importa cuan grave sea la situación en la que la denuncia de abuso llegue, ni las condiciones en que la víctima se encuentre, los mecanismos de acción para proceder de forma rápida nunca llegan a tiempo. Muy pocos son los casos resueltos; menos penas aplicadas aún y muchas denuncias duermen cajoneadas en la ineficiencia de un sistema de justicia corrupto y adormilado.
La creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes y el Banco Genético con el propósito de establecer mecanismos de protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia fue gestado y promulgado en pandemia. Este registro que debe contener nombres y apellidos, fotografía actualizada del condenado, fecha y lugar de nacimiento, perfil genético y demás, ahora no está en aplicación, mutilando así una herramienta para filtrar a los agresores de uno de los hechos con más probabilidad de reincidencia.
Mientras tanto, en el Chaco, tierra próspera al crecimiento económico y hostil al desarrollo social integral, la justicia está anestesiada ante el sufrimiento de aquellos a quienes llamamos “futuro del país” y que en silencio soportan la pesantez de nuestra ineptitud.