Un país camino al pasado

Como ocurría hace 200 años, nos encontramos totalmente limitados en cuanto al acceso a la educación. Como con anteojeras para caballos yéndonos directo al fiasco, pero no por una autoridad única ni en periodos de defensa territorial, sino por personas comunes iguales a todos nosotros -los trabajadores del día a día- pero limitadas de pensamiento en muchos casos, carentes de empatía.

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Personas con riquezas mal habidas o fruto de la corrupción, pero con mucho “poder”.

Viven de la ignorancia mientras nosotros morimos por ella, la ocasionan, la promueven, con el único fin de envolvernos en ese mísero estatus de “ciudadanos promedio”, malafortunados más bien. Sometidos a la supresión de conocimientos. Arma infalible de gobernantes ineptos contra el hartazgo masivo pero contenido.

La realidad es cruel. De 1.002 jóvenes censados, de entre 14 y 16 años, el 55% dejó de estudiar y solamente trabaja. Así lo presentó el PISA (o Programme for International Student Assessment) con sus resultados del componente extraescolar de la experiencia paraguaya.

Sí, en un país en donde el acceso a la educación, por constitución es un derecho básico e inalterable, debería ser totalmente gratuito para niños y adolescentes poder formarse dignamente. Sin embargo, son ellos mismos quienes se ven forzados – en una gran cantidad de casos- a abandonar sus estudios por no tener las herramientas necesarias, o medios de transporte para llegar, o incluso, tener que sumar económicamente con la familia.

Aun así, en conocimiento de las falencias que posee nuestro arcaico sistema, nuestras autoridades decidieron recortar US$ 17 millones del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), solo con el fin de no tener que tocar Recursos del Tesoro.

Los Diputados de la Comisión Bicameral de Presupuesto para el 2022 decidieron afectar programas de becas (BECAL), capacitaciones de docentes, formaciones de primera infancia y hasta programas científicos. Otorgaron aumentos de entre G. 3.000 y G. 5.000 millones a las Gobernaciones, e incluso direccionaron G. 20.000 millones para los partidos políticos. Poco les interesa el perjuicio que pudieran causar.

Está más que claro que las fichas de prioridades están puestas sobre la mesa, y que la aportación para lograr ciudadanos íntegros no forma parte de ellas. Queda preguntar a los senadores, qué debe definir dicho presupuesto: ¿Cuánto realmente cuesta la educación en nuestro país?

¡Háganse cargo del retroceso que están provocando!

jose.melgarejo@abc.com.py

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