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Hay elementos del sector privado que cargan con gran parte de la culpa. Cierto. El encubrimiento por parte de los viciados organismos de control es determinante para que esos delitos queden ocultos e impunes. También es cierto.
Pero la justicia debe ser el bastión contra el asalto de la inmoralidad. Cierto. Y cómo lo sería si los asaltantes —los políticos— introdujeron en el recinto de Astrea su caballo de Troya desde donde los agentes del mal, los “cupos”, embisten para infectarlo todo.
Vemos fiscales y jueces que parecen magnates sin que nadie les pida cuentas de su sospechosa fortuna. Son a la vez protegidos y protectores. Protegidos por políticos que los designan y protectores de los sinvergüenzas que financian a los políticos. Círculo vicioso perfecto. Una estructura sólida que se resquebraja solo cuando la sacude una fuerza mayor. Digamos Estados Unidos. El ladino Tío Sam que solo se ocupa del Paraguay cuando la plata grande que se genera aquí se introduce en su red. Porque el Paraguay, país paupérrimo y subdesarrollado, mueve plata grande en la economía negra mafiosa.
Para muestra, dos botoncitos en la muy noble Ciudad del Este. El ciudadano Kassem Mohamad Hijazi fue detenido ahora, por presión de USA, luego de 20 años de una productiva carrera de supuesto lavador de dinero. En el 2004 se lo acusó por evasión, lavado y asociación criminal. En un allanamiento en el marco de esa causa le encontraron alrededor de 3 millones de dólares en efectivo. Su caja chica. La escabrosa “justicia” esteña lo dejó libre.
En el 2008, vuelta a ser imputado, acusado y absuelto. El juez no halló “elementos suficientes” para condenarlo. Había que salvaguardar la lavandería y el sistema judicial estaba presto para ayudar.
Hasta que ahora parece que los estadounidenses se cansaron de que les tomaran el pelo y apretaron la clavija. Y el apriete coincide con la estancia aquí de los muchachos del Gafilat: Hijazi está preso.
La que parece ser su mujer de confianza (versión femenina de “su hombre de confianza”), Liz Paola Doldán, evadió impuestos por la escalofriante suma de 600 millones de dólares en cinco años. Fue sobreseída en el 2019.
Hijazi y Liz Paola son apenas dos ejemplos de cómo se lava y evade aquí. Y de cómo el sistema judicial custodia el delito. Cuando la presión externa arrecia, se imputa a los amigos para luego sobreseerlos. Y cuando apuran a fiscales y jueces complacientes, aparece el Jurado de Enjuiciamiento para blanquearlos.
La perfecta rosca de la delincuencia. Un sistema judicial pestilente blindado por un cuerpo político brutalmente degenerado.
Tome nota para las próximas elecciones.