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El comisario Aguilera Martínez acaba de presentar su libro “Mi lucha por la verdad” (Edit. El Lector) un testimonio que nos remite a los tiempos del estronismo con la revelación milagrosa de una montaña de documentos a punto de convertirse en cenizas.
En los primeros y tambaleantes pasos de la democracia, en noviembre de 1989, Aguilera Martínez fue nombrado subdirector del Departamento de Producciones de la Policía, ubicado en el barrio Santa Lucía, de Lambaré. Nos cuenta que el 20 de diciembre de 1992 notó que “parte del personal estaba quemando un montículo de documentaciones con el mayor sigilo y sin brindar ninguna explicación”. Hizo averiguaciones y supo que “se trataba de legajos provenientes del Departamento de Investigaciones”. La extraña situación -agrega- coincidía con informaciones que se venían publicando acerca de la existencia de archivos que podrían comprometer a la Policía.
En efecto, los diarios publicaban sobre los posibles documentos archivados en el Departamento de Investigaciones a partir de sus múltiples intervenciones contra los opositores a quienes, sin piedad, se les arrancaban “confesiones” que servirían luego para su condena a muerte o largo tiempo en las inhumanas celdas policiales.
Como ya habían pasado tres años de la caída de la dictadura, se ahondaba el pesimismo acerca del hallazgo de algunas pruebas de los brutales procedimientos policiales. Era lógico que se pensara que los documentos ya habrían desaparecido para siempre. ¿Para qué la Policía guardaría nada que pudiera comprometerla? Sin embargo, un excepcional regalo navideño le esperaba al país en aquel diciembre de 1992.
El día 21, el comisario Aguilera Martínez le hizo llegar al doctor Francisco José de Vargas, entonces presidente de la comisión bicameral de Derechos Humanos, una denuncia, entre otras, “sobre los papeles que supe se habían llevado desde el Departamento de Investigaciones a la unidad de Lambaré, de manera clandestina y como respuesta a la decisión de querer deshacerse de aquellas pruebas que le comprometían a muchos”. La intervención del juez José Agustín Fernández y Martín Almada fueron decisivas para salvar las pruebas.
En su libro, el comisario Aguilera incluye la nota manuscrita que le hizo llegar al Dr. De Vargas. “Esa noche –escribe Aguilera- apenas pude dormir pensando que no se debía perder tiempo si se quería que la documentación guardada no llegase a ser destruida en su totalidad”.
Y agrega: “Este hecho -la entrega de mi informe- es el germen de uno de los acontecimientos históricos más notorios de la era democrática en Paraguay, ya que se da como paso previo en un descubrimiento de gran trascendencia. Mi participación, considero, fue de vital importancia”.
Sí, fue vital, tanto que al poco tiempo sufrió persecuciones hasta que lo pasaron a retiro a destiempo y sin ninguna explicación.
El primer contacto que el público tuvo con este archivo fue “Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner”. La recopilación, de Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau, es de 1994, con prólogo de Augusto Roa Bastos.
“Mi lucha por la verdad” viene a esclarecer las circunstancias que rodearon al hallazgo mediante el cual fue posible la condena judicial y social de los torturadores.