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Es difícil dimensionar el efecto en las instituciones jurídicas en general cuando el letargo en el ejercicio de los valores cívicos queda proscrito por un periodo de tiempo en el cual se impone la cultura de la autoridad, la ley del más fuerte o una figura que cada vez destaca más entre los cientistas políticos llamada “topocracia”, entendida ésta como la calidad al acceso de derechos que tiene un individuo según “el lugar” que ocupa en determinado círculo social y qué tan lejos o cerca se encuentra el mismo de quienes ejercen influencia (ya sea pública o privada).
En medio de este proceso democrático, comprendido este como un régimen de libertades, nos descubrimos como sociedad muy vulnerable a la corrupción en casi todas sus formas. Cohecho pasivo y activo en instituciones públicas, otorgamiento irregular de contratos de provisión al estado, antiguos grupos de poder fáctico relacionados al “ancien régime” que copan las contrataciones públicas en empresas “privadas”, un Poder Judicial inficionado por la presión político partidaria, son quizás algunos de los múltiples factores que se reflejan en la medición de índices de percepción de la corrupción realizada cada dos años por la ONG Alemana Transparencia Internacional y otros índices que demuestran una displicente capacidad institucional para enfrentar los casos de corrupción en el Paraguay.
En medio de esta poco esperanzadora situación, sin embargo, las prácticas de Compliance se han presentado como un territorio inexplorado y muy prometedor para estimular nuevas figuras y “nuevos pequeños acuerdos” que obligan a tener una mirada interna a nosotros mismos y a nuestras instituciones para reformular el grado de compromiso con nuestros círculos más íntimos y las personas que interactúan diariamente en “nuestro mundo”.
Varios psicólogos que han desarrollado su campo de estudios en la “economía del comportamiento” (Kahneman, Thaler, Ariely, entre otros) han descrito la necesidad de reformular la “arquitectura institucional” desde el punto de vista de la neurociencia y que ha llevado a las descripciones de las conductas más conducentes a mejorar la calidad de vida social en aquellas que tienen un alto estímulo para ser realizada y convertida en hábito que aquellas a las que solamente se limita un determinado castigo en caso de su comisión.
Esta nueva “arquitectura de las decisiones” se ajusta de manera muy estrecha a las soluciones que ofrece el Compliance en todo tipo de diseño institucional: determinación de fines personales, compromisos a corto, mediano y largo plazo en materia de conductas a ser tenidas en cuenta como “buenas prácticas”, sometimiento voluntario a la transparencia en las actividades societarias. Éstas no son solo las bases prácticas de la construcción de un ideal personal con un objetivo claro, sino que sientan las bases de nuevos contratos de convivencia que obligan a construir desde lo micro, grandes acuerdos que se cimentan en la multiplicidad de actores que tanto desde el sector público como del privado — y este último especialmente — adquieren una conciencia mucho más plena de las consecuencias de las decisiones diarias respecto a los ambientes en los cuales se desarrollan.
En consecuencia, el efecto social de dichos pequeños pactos de convivencia o “pactos de cumplimiento” cuya significación trae implícita un compromiso profundo con los puntos acordados al tiempo de establecer una mejora gradual del comportamiento establecido en tales acuerdos.
Tengo el privilegio de liderar una investigación sobre el tamaño de la Economía Subterránea en el Paraguay en los último 8 años. Y digo privilegio porque si bien los resultados cuantitativos no han sido muy halagüeños, los resultados cualitativos han dado una pista sobre las raíces de este fenómeno que ocupa a todos los países latinoamericanos en mayor o menor medida: los estímulos para la formalización se pierden en rituales decimonónicos y en procesos burocráticos sin sentido, mientras los estados siguen buscando mayores índices de compromiso en el mismo grupo de formales que ya cumplen con sus obligaciones para con la sociedad cargándolos con nuevos compromisos en lugar de agrandar la base de sujetos obligados.
La única convicción sólida que me ha generado la serie de investigaciones sobre los casos de deshonestidad de los ciudadanos en el Paraguay, es que toda la política represiva que se ha intentado desde el estado en los más de doscientos años de República han sido o insuficientes o inconducentes. Mientras exista una “demanda” de servicios o bienes económicamente favorables sin estudiar su legalidad o formalidad, es inútil pretender un combate efectivo a tales hechos.
La clave reside en mejorar la calidad de los acuerdos sociales, encontrando un espacio de creatividad para la voluntad particular y una recompensa social para dicha conducta. Herramientas que encontramos en cada manual de compliance. ¡Bienvenidos a esta nueva realidad!