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Por un lado eligen a unos 155 ciudadanos que tendrán a su cargo la redacción de una nueva Constitución, y que de ser aprobada reemplazará a la heredada de la dictadura del militar Augusto Pinochet, fallecido en 2006.
También, por primera vez votan en forma directa por la elección de sus autoridades regionales: concejales, intendentes y gobernadores.
La actual Ley Fundamental de los chilenos otorga al Estado hasta si se quiere un papel secundario –escasa participación– en la provisión de servicios básicos como la salud, la educación, el agua y las pensiones o las jubilaciones. Además, prioriza el libre mercado.
Pero en el fondo y con los años el sistema económico sacó a relucir una desigualdad social; y una amplia brecha entre ricos y pobres.
Pinochet gobernó entre 1973 y 1990, en un contexto en el que “las botas” oprimían a la región y a toda propuesta democrática, incluido el Paraguay con el nefasto gobierno del General Alfredo Stroessner.
En 1988 los chilenos comenzaron a agitar con más fuerza la bandera de la libertad. Hubo una gran movilización social que logró la convocatoria a un plebiscito.
El referéndum popular puso punto final a la presidencia de Pinochet en 1990.
¿Habrá sido uno de los pocos dictadores –si no el único en la historia reciente de la región– en irse sin un golpe de Estado? Por entonces, en Paraguay ya vivíamos una transición hacia la democracia, aunque sin poner fin a los privilegios de los que hoy disfrutan los “nietos de la dictadura”.
Pese al crecimiento económico que muestra cada año y que desde hace tres décadas Chile cerró una de las etapas más tenebrosas de persecución, censura, encarcelamientos arbitrarios, violaciones de derechos humanos, muertes y todo tipo de vejámenes la sombra de Pinochet no termina por borrarse.
Su figura parece perpetuarse a través de la Carta Magna redactada bajo su mandato, si bien sufrió modificaciones durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
Y aprendieron de su historia.
Treinta años después, de nuevo el poder popular se puso en marcha por una causa: poner fin a las profundas grietas, a las injusticias; todo frente a sus aplaudidas cifras macroeconómicas y estabilidad política.
El alza del precio del boleto del transporte público en 2019 sirvió de chispa para la explosión de masivas protestas ciudadanas.
Fue la punta del iceberg del hartazgo social.
Y otra vez la juventud presente. Esa generación con poco por perder, pero con mucho por ganar. Miles de ellos, que si bien nacieron en tiempos de pos dictadura, se lanzaron a las calles a expresar su descontento contra el sistema.
Hubo muertos, miles de heridos. También violencia radical y toques de queda. Pero sobre todo persistencia y un mensaje claro del pueblo al presidente actual Sebastián Piñera, que movilizó a las instituciones para impulsar la reclamada reforma constitucional ante la atenta mirada del soberano.
Hoy están allí. Ante las urnas.
Con su futuro nuevo contrato social los chilenos buscan enterrar definitivamente al pinochetismo o al menos ése es el desafío. En definitiva, sepultar su era más oscura.
En cambio en el Paraguay, pese a la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner y la entrada en vigor de una nueva Constitución en 1992, el estronismo no termina de irse. Sus tentáculos y privilegiados herederos, al acecho de nuestra Carta Magna, van cobrando más fuerzas.