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Pero en este caso optaron por sus privilegios, intereses particulares y/o sectoriales a la hora de legislar. Sin mucho esfuerzo se les cayó la máscara una vez más a varios parlamentarios y de paso sus discursos repetitivos y cansinos de que “representan al pueblo” y que por ese motivo tienen la última palabra.
¿Qué les parece si visibilizamos un poco cuáles fueron esos proyectos de ley y cómo nos podían beneficiar a todos?
1. En Senado, el jueves no hubo mayoría suficiente para dejar sin efecto los aumentazos que recibieron varios funcionarios de la Cámara Alta. La decisión fue de manera unilateral del titular del Congreso Óscar Salomón (ANR, Añetete) pero con apoyo de varios de sus colegas del Frente Guasu, algunos liberales y colorados. Solo hubo recortes para aquellos funcionarios que ganan por encima de G. 5.400.000 y cerca de 447 empleados fueron beneficiados con subas salariales en plena pandemia, con lo cual se evidencia que son los trabajadores (por usar algún término) privilegiados del país.
Los que defienden este tipo de prácticas en el sector público tal vez no toman en cuenta que el dinero que se utilizó para aumentos salariales es producto de recortes de beneficios que tenían que ir a Hacienda para destinar exclusivamente a medicamentos para personas que se debaten entre la vida y la muerte por el maldito covid-19.
2. Como antecedente, el martes 30 de marzo, la Cámara de Diputados “sepultó” el proyecto de ley que pretendía incluir los autodenominados gastos sociales de Itaipú y Yacyretá al Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, con el objetivo de destinar a la compra de vacunas y/o insumos para enfrentar el coronavirus.
La semana pasada un grupo de diputados opositores insistió en obligar por ley a Itaipú y Yacyretá a usar los fondos sociales directamente en insumos sanitarios contra la pandemia. La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, calculó que con ese dinero de las binacionales se podrían, por ejemplo, cubrir la deuda de 3.500 ciudadanos por 20 días en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Aunque este noble proyecto aún no se trató ya tiene el rechazo de los colorados, que “a muerte” defienden la caja chica de las binacionales. Ergo: están en contra de usar el dinero público para paliar el sufrimiento de los compatriotas pero no tienen ningún problema en destinar a aumentos salariales. Algo incomprensible para no decir criminal.
3. En Senado aplazaron el jueves pasado el proyecto que ley que pretendía devolver el dinero a quienes compraron medicamentos de farmacias contra el covid-19. Supuestamente tienen una idea mejor. Veremos de qué se trata. Lo más probable es que vuelvan a sacar plata de nuestros impuestos.
4. Diputados aprobaron el miércoles un nuevo proyecto de “autoblindaje” dos días después de que el Gobierno de EE.UU. le “distinguió” con el título de “significativamente corrupto” y peligroso al acusado legislador Ulises Quintana (ANR, Añetete). O sea, sí demuestran interés para protegerse y encima inconstitucional.
5. Y para finalizar, en la Cámara Baja le dieron la espalda al ciudadano de a pie y salieron en defensa de las empresas de transporte que hacen “reguladas”. Así estamos.
pguerrero@abc.com.py