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Pobladores de compañías como Itagaza de Altos, Bernardino Caballero de Atyrá, Villa Ytú, San Cayetano y Costa Pucú de Caacupé. Así como Aguaity de Eusebio Ayala, Guazú Rocai de Piribebuy, solo por dar algunos ejemplos, están prácticamente aisladas por el desastroso estado de sus principales vías de acceso. Luego de casi un mes de la tormenta que arrasó puentes y destruyó caminos como también rutas, los municipios aún no responden a los reclamos ciudadanos.
La excusa de los jefes comunales es que no cuentan con suficiente capacidad en materia de maquinarias viales ni recursos para enfrentar lo que consideran un desastre natural de grandes proporciones. Una realidad que se desnuda es la mala calidad de los trabajos realizados con anterioridad, pues se gastan millones en la reparación y enripiado de caminos, pero no se realizan trabajos adecuados de canalización y desagüe pluvial.
Las reparaciones solo duran hasta la próxima lluvia y de nuevo se tienen que desembolsar millones para otro remiendo, una rueda de nunca acabar y que genera sustanciosas ganancias a los administradores comunales de turno en complicidad con las contratistas afines a sus intereses.
Las famosas declaraciones de emergencia vial, que no son otra cosa que una manera más fácil, efectiva y rápida de seguir robando al pueblo, justamente son una de las maniobras utilizadas para evadir controles y continuar con esta práctica. Lamentablemente, los únicos perjudicados son los pobladores de las comunidades afectadas.
Este es un año de elecciones y es hora de que la ciudadanía analice profundamente la actuación de sus autoridades locales y se pregunte si cumplieron o no con lo que prometieron y actúe en consecuencia.