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Venezuela y Bolivia tienen cuestiones esenciales en común: regímenes establecidos, sostenidos y operados por la asociación de Hugo Chávez y Fidel Castro que crearon el castrochavismo; dictaduras electoralistas que han liquidado los elementos esenciales de la democracia y usan el voto como medio de falsificación de la voluntad popular; existen para preservar la dictadura de Cuba; han institucionalizado la violación de derechos humanos con perseguidos, presos y exiliados políticos usando jueces para la represión; buscan detentar indefinidamente el poder disfrazando de política delincuencia organizada transnacional con fines de impunidad.
Venezuela y Bolivia castrochavistas son una extensión del proyecto dictatorial de Cuba, de sus métodos y su estructura de oprobio. Tienen las mismas bases en constituciones con las que han suplantado la “República” creando un “orden bolivariano” en Venezuela y un “estado plurinacional” en Bolivia. Creando “leyes infames” dando lugar a una “institucionalidad dictatorial” que no es ni republicana ni democrática.
La política exterior controlada por Cuba, basada en la lucha contra el imperialismo, la practican desde votaciones internacionales, soporte al terrorismo de origen islámico, apertura a la penetración de Rusia, China e Irán, antijudaísmo, hasta la doctrina Castro-CheGuevara de inundar de droga los Estados Unidos para liquidar a la juventud. Venezuela es el narcoestado eje y Bolivia es narcoestado productor de cocaína.
En este contexto, urge analizar las razones del fracaso de dos procesos que tienen el mismo enemigo. La transición de Venezuela que no existe, pero que tiene aún un espacio de oportunidad porque Guaidó aún es presidente encargado. La transición de Bolivia que nunca existió porque el gobierno interino se volvió de continuidad dictatorial y restauró a plenitud el régimen castrochavista.
En Venezuela no hay transición a la democracia por confesión pública, porque la Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2019 aprobó como ley el “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y en ese “acuerdo político” fijaron un sistema colectivo anulando al Presidente que nunca formó gobierno. Equivocaron la agenda al poner primero la “liberación del régimen autocrático” sin tener con qué, y luego la “conformación de un gobierno provisional” y la “celebración de elecciones libres”. Lo primero que debieron hacer era conformar gobierno para liberarse del régimen.
En Bolivia, donde la Constitución del Estado plurinacional es resultado de múltiples falsificaciones y crímenes, la presidenta Áñez y su gobierno mantuvieron el régimen jurídico dictatorial negándose a restituir la vigencia de la República de Bolivia. Un decreto presidencial es suficiente. El gobierno de Áñez por conveniencia propia se quedó con la falsificada Constitución del Estado plurinacional y entonces estableció públicamente su condición de “gobierno continuista”, que ratificó cuando usando las normas dictatoriales Áñez se hizo candidata a las elecciones que debía garantizar como mandato del interinato. Su tardía renuncia a la candidatura solo confirmó la maniobra. Así, “de Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura” y emboscaron a los bolivianos con otras “elecciones en dictadura”.
En ambos casos, las inexistentes transiciones estuvieron en manos de opositores que hoy son sospechosos de “oposición funcional” o cómplice. En ambos países hay indicaciones muy graves de “corrupción de los opositores en el sistema de la dictadura” y marcadas señales de acuerdos subterráneos (explícitos o implícitos) con sospecha de “impunidad por impunidad”. El tiempo –en este caso muy breve– probará o descartará estos crímenes de lesa Patria.
La realidad objetiva muestra que –con escasas excepciones– ni opositores, ni líderes, ni partidos en Venezuela y Bolivia han estado a la altura del valor, la decisión y las necesidades de sus pueblos. La gente los está identificando como parte del sistema de oprobio y corrupción. [©FIRMAS PRESS]
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.