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Asimismo autoriza a los gobiernos municipales la adquisición de los kits de alimentos y víveres mediante un procedimiento de compra directa simplificada, por vía de la excepción.
Sin lugar a dudas es una Ley concebida para el despilfarro al que nos tienen acostumbrados los jefes comunales. Ya que tienen asegurados los pagos de salarios de las paquitas y hurreros que tienen a su servicio, precisamente en un año previo a las elecciones municipales.
Con los cambios en la legislación los intendentes y gobernadores tienen la posibilidad de disponer libremente de los ingresos genuinos para, en el mejor de los casos, invertir en obras para la comunidad, como reparación de vías en las compañías, obras de infraestructura en centros o puestos de salud, además de equipamientos. También realizar inversiones importantes en el área de tecnología para escuelas y colegios, ahora que se impone una educación basada en métodos virtuales.
Sin embargo, la realidad dista de las expresiones de deseo, al menos en Cordillera; son muy pocos los jefes comunales que se encuentran realizando obras o servicios, con sus recursos de ingresos genuinos.
La excusa esgrimida es que a causa de la pandemia no pueden cobrar los impuestos y tasas municipales, a pesar de que la economía se está reactivando lentamente en los últimos meses.
Las comunas también volvieron a recaudar. Ahora bien, solo resta saber dónde y cómo se están utilizando estos recursos. La ciudadanía está harta y no está dispuesta a seguir soportando más despilfarros, por parte de los jefes comunales.