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El diagnóstico está claro, el desafío consiste en compatibilizar la emergencia con reformas sistémicas que requieren de cambios profundos y complicados. Hoy comparto la hoja de ruta que nos propusimos para lograr la resiliencia y recuperación de nuestro país guiados por la calidad, inclusión y equidad como principios rectores.
Paraguay ha avanzado de manera significativa en el fortalecimiento de sus pilares macroeconómicos, lo que hoy permite atender de manera oportuna la difícil situación por la cual estamos atravesando. Agradezco a mis antecesores por este importante legado, por su liderazgo a lo largo de todos estos años para blindar y profesionalizar el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Su contribución a la solidez de la economía paraguaya es memorable y debe ser replicada en las demás instituciones del Estado.
Nuestro próximo desafío consiste en implementar reformas estructurales que se traduzcan en servicios de calidad y pertinentes a nuestro contexto. Depende de nosotros construir un Estado más eficiente y transparente, que brinde oportunidades para combatir el denominado “accidente de cuna”, invirtiendo en nuestro capital humano y generando un sistema de protección social integral. La colaboración con el sector privado será fundamental para la generación de empleos y para proveer soluciones innovadoras a los desafíos comunitarios.
La propuesta del Poder Ejecutivo para la Transformación del Estado se centra en la implementación de políticas públicas inclusivas que se sustenten en la evidencia, cuyos ejes están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) mediante una importante coordinación institucional. Apostamos al Gobierno Digital como plataforma transversal para brindar servicios interoperables, eficientes y transparentes.
Modernización del servicio civil
Desde el Poder Ejecutivo, estamos elaborando un conjunto de programas y leyes orientado a mejorar la institucionalidad para su abordaje en el Congreso durante el 2020. Dicho cambio de paradigma requiere atraer a servidores públicos calificados y comprometidos, que sean apreciados y respetados por su calidad humana y técnica, y sobretodo por su ética.
En esta línea, proponemos la modificación y modernización de la ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil. Proponemos una escala salarial única basada en la meritocracia mediante mecanismos para asegurar una gestión por resultados que logre un gasto público más eficiente. Escuchamos voces que proponen postergar el estudio y aprobación de esta propuesta hasta que mejoren las condiciones del entorno económico del país. Nuestro enfoque es diferente: consideramos esencial abordar esta problemática con urgencia y sin comprometer su alcance. Esta reforma orientada a atraer, retener y evaluar el rendimiento de los funcionarios públicos es fundamental para generar las condiciones habilitadoras para la recuperación post pandemia y la transformación institucional del país.
Responsabilidad fiscal y gestión de pasivos
Con el propósito de asegurar el fortalecimiento del marco fiscal de mediano plazo, desde Hacienda proponemos rediseñar la actual ley de Responsabilidad Fiscal, con el deseo de mejorar el funcionamiento, estableciendo un límite al nivel de deuda pública y restringiendo aún más el crecimiento del gasto corriente, teniendo en cuenta que estas reglas tienen la misión de preservar la disciplina fiscal. En la misma línea, el proyecto de ley de administración de pasivos que estamos impulsando tiene como objetivo la administración prudente, eficiente y previsible de la deuda pública. La propuesta que se está analizando actualmente en el Congreso, permitirá al Poder Ejecutivo administrar la deuda contraída por la República en años anteriores, antes de sus respectivos vencimientos, con mecanismos eficaces de mitigación de riesgos debido a la concentración de vencimientos que debe ser atendida con prioridad y de manera anticipada, con el fin de que el país pueda hacer frente a sus compromisos de manera eficiente, gestionando los vencimientos futuros y los riesgos.
Suministros públicos que aseguren la transparencia
En cuanto a la gestión del suministro público, nuestro objetivo es lograr que el proceso de compras públicas en el país sea más competitivo y que, a su vez, redunde en mejores precios para el Estado aprovechando las economías de escala. Esta reforma contempla mejoras a nivel operativo y normativo que incluyen régimen sancionatorio, incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de interés, información de proveedores, proceso evaluativo, competitividad, transparencia y funcionalidades del sistema informático, entre otros.
Con la implementación del nuevo sistema se podrá enfrentar lo que exige la ciudadanía con todo derecho: que el Estado compre en condiciones competitivas, que no pague de más por lo que adquiere y que se combata efectivamente el tráfico de influencias y la corrupción asociados a las contrataciones y compras públicas.
Reforma de la banca pública
En relación a la AFD, estamos trabajando para adecuar a la institución a las mejores prácticas que tienen los bancos de desarrollo de la región, dotándola de mayor flexibilidad para un trato más ágil y eficiente con las instituciones financieras intermediarias, así como una revisión de roles que le permitan incursionar en nuevos nichos de mercado. Todo esto permitirá a la AFD contar con herramientas de vanguardia más efectivas que acompañen los planes del Gobierno para la inversión y el desarrollo.
Asimismo, debemos ser muy responsables con el futuro de la gente y asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Por ello, proponemos la creación de un órgano técnico especializado en la fiscalización y supervisión de las Entidades de Jubilaciones y Pensiones, con funciones de supervisión técnica, actuarial, operativa, jurídica y financiera de las Entidades de Jubilaciones y Pensiones públicas y privadas, con el fin de proteger el ahorro de los afiliados activos, jubilados y pensionados, lo cual es un requisito fundamental para asegurar la estabilidad del sistema, con un diseño adecuado que permita fortalecer el manejo financiero.
Todo lo anterior lo venimos trabajando con un equipo de primer nivel en el Ministerio de Hacienda, con la meta de cerrar este año tan complejo con un avance en las reformas institucionales. Nuestro mayor deseo es poder concretar este “Estado servidor de la ciudadanía” y somos conscientes que solo lo vamos a poder lograr en la medida que haya un involucramiento activo y amplio de toda la sociedad. Hoy tenemos la excelente oportunidad de sumar voluntades y tenemos claro que el desafío tan solo inicia. En el 2021, el Ejecutivo se propone continuar con la agenda de reformas generando los consensos necesarios en torno a los siguientes proyectos: la organización de la estructura del Estado y la transformación del capital humano entendido como educación y salud.
La reestructuración del Poder Ejecutivo tiene el objetivo de mejorar la capacidad y gestión del Estado, teniendo en cuenta su responsabilidad en la formulación e implementación de políticas públicas sectoriales con una mirada territorial y consideraciones globales. La reorganización de las instituciones permitirá planificar de manera más coherente, definir el presupuesto a partir de las brechas reales, alineando los objetivos de las políticas públicas con las funciones y responsabilidades de todas las entidades con el fin último de administrar eficientemente los recursos que la ciudadanía aporta para el funcionamiento del Estado.
Transformación educativa
Desde el inicio de este Gobierno, nos comprometimos a la construcción del “Plan Nacional de Transformación Educativa 2030” con el convencimiento de apostar al desarrollo del capital humano. Esto nos permitirá, a su vez, transformar nuestra economía agroexportadora a una basada en el conocimiento y la creatividad. Para finales de 2021, está prevista la finalización de una hoja de ruta para reformar el sistema educativo en su conjunto y mejorar el aprendizaje para el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes, acorde a los desafíos del Siglo XXI. La misma será elaborada de manera participativa con un horizonte de tiempo al 2030, mediante un diálogo entre todos los sectores, que culmine con un pacto social por la educación.
Sistema de salud universal
Al igual que en educación, esta pandemia nos demostró la necesidad de contar con un sistema de salud universal, que nos permitiera a todos acceder a una red interconectada de servicios de calidad. Los ejes que se consideran primordiales son: i) contar con un Ministerio de Salud como ente rector, con separación gradual de la prestación de servicios en otra entidad, ii) implementar redes integradas de servicios de salud y iii) optimizar el proceso de compra de medicamentos. Estos ejes son clave para reestructurar el sistema de salud, con miras a mejorar la prestación de servicios de atención médica en todos los niveles.
El proceso de Transformación del Estado requiere el compromiso de todos los poderes públicos, de un acuerdo que trascienda gobiernos, donde la ciudadanía se comprometa a acompañar el proceso y a exigir resultados.
“El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena… quien yerra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo”, manifestaba Theodore Roosevelt. Nadie representa mejor que el equipo de Hacienda, que siempre considera el interés del conjunto de la sociedad, a veces contra intereses y grupos.
Hoy agradezco a todos quienes estuvieron en momentos de definiciones, de dificultades y alegrías, comprometidos y acompañándome en más de 20 años de servicio en la función pública. Nos jugamos juntos por un ideal, seguros de que muchos más se sumarán para apoyar la construcción de un país próspero, inclusivo y solidario.
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