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Para poner las cosas en contexto recordemos que las instituciones estatales están obligadas por ley a realizar licitaciones públicas abiertas a todas las empresas interesadas para comprar bienes o contratar servicios. En cada caso, el proceso debe ser supervisado por la Dirección General de Contrataciones Públicas a fin de garantizar que la transacción comercial sea transparente, limpia y ajustada al derecho y a los precios del mercado.
Sin embargo, todos estos requisitos que prevé la legislación se obvian cuando un decreto presidencial declara un estado de emergencia y autoriza a los entes públicos a adquirir bienes y servicios por la vía de la excepción, es decir, compras directas con el único trámite de solicitar dos o tres presupuestos a empresas seleccionadas según el criterio del funcionario encargado del área.
Si con la legislación vigente ya han sido denunciados y, en algunos casos, sometidos a juicio en los tribunales, varios funcionarios públicos por hechos de corrupción, no es una idea descabellada suponer que, al eliminarse las barreras de control, algunas autoridades nacionales y municipales no dudarán demasiado para sacar ventajas económicas de la situación.
Tenemos un ejemplo actual muy cercano. En Argentina, que atraviesa nuestro mismo problema con el coronavirus, la prensa descubrió una gran sobrefacturación en compras realizadas por el Ministerio de Bienestar Social, encargado de proveer los paquetes alimenticios a los sectores sociales más pobres. 17 funcionarios fueron echados de sus cargos y sometidos a juicio porque robaron muchos millones de pesos en la compra de aceite, fideo y arroz para la gente necesitada.
En nuestro país, todavía no se ha denunciado judicialmente ningún caso, pero ya existen varias quejas de comerciantes de diversas localidades quienes afirman que los gobernadores e intendentes aprovechan la situación de emergencia para hacer compras directas con precios sobrefacturados. ¿Y quién controla cómo se usan los centenares de millones de dólares aprobados por el Congreso y el Poder Ejecutivo para que los administre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Las autoridades dijeron que se habilitaría una página web en donde harían constar todas las negociaciones y compras realizadas. En teoría, está bien, en algo ayudará a transparentar las gestiones, pero en la realidad sabemos que ese mínimo control no es suficiente.
Es comprensible que en tiempos de emergencia y excepción, se proceda de esta manera, pero ello no obsta a que los organismos pertinentes de control realicen su trabajo aunque sea a posteriori, de modo a sancionar con dureza si alguna autoridad nacional o departamental se aprovecha de esta crisis sanitaria y, en el colmo de la sinvergüencería y la deshonestidad, roben fondos destinados a ayudar a los ciudadanos expuestos a contraer el maldito virus.
Pese a la cuarentena, los contralores del Estado deben trabajar intensamente a fin de evitar los negociados y hechos de corrupción en el manejo de los fondos públicos presupuestados para combatir la pandemia. Aunque usen tapabocas, deben tener los ojos bien abiertos para descubrir y solicitar a la justicia la sanción pertinente de quienes incurran en tan miserables delitos administrativos.