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Fue al tercer día de alimentarse solamente con mangos cuando Poellis Córdoba y su esposo se dieron cuenta de que había llegado la hora de huir. Tras varios meses de soportar la escasez de comida, racionada estrictamente para que sus tres hijos pequeños pudieran llevarse algo a la boca cada día, esta pareja de venezolanos decidió salir del país para sobrevivir.
“Mi esposo era albañil y ganaba bien. Vivíamos relativamente cómodos, pero poco a poco la situación se fue degradando hasta el punto de que la plata solo nos alcanzaba para comprar sardinas y masa de maíz. Me acuerdo que al final solo teníamos eso para darles a los niños y luego ya ni eso se conseguía. Fue entonces cuando mi esposo llegó con una maleta llena de mangos. Se acabaron y por fin entendimos que no podíamos aguantar más”, explica Poellis.
Primero viajó él para encontrarse con sus hermanos, que habían migrado unos meses antes a Tibú, un municipio fronterizo en la región colombiana de Norte de Santander. Siete meses después, llegó ella con su hijo de 5 años y tuvo que pasar otro año más para que pudieran traer a sus hijos mayores, de 7 y 9 años. Hoy, toda la familia vive en el asentamiento informal Divino Niño, una aglomeración de casas precarias que acoge a los venezolanos que no pueden pagar alquiler.
“La vida acá no ha sido nada fácil”, dice Poellis con un deje de amargura. “A veces se nos ha puesto ruda, pero no falta el bocado para los niños”, añade. Las malas condiciones de vida y el riesgo de no conseguir comida son apenas dos de las caras de la dura situación en la que vive Poellis en Colombia. Hace poco, el hijo menor sufrió una pequeña inflamación en el estómago y empezó a quejarse repetidamente de dolor. “No parecía grave y decidí llevarlo al servicio de Médicos Sin Fronteras (MSF) porque en el hospital local no atienden a venezolanos si no es una urgencia”, explica.
Como Poellis y su familia, más de 12.000 venezolanos han recurrido entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 a los servicios de salud primaria y salud mental que MSF ofrece en los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. En esos municipios, los hospitales públicos solo atienden a los migrantes por urgencias, vacunas y partos. Es el caso de Marilyn Díaz, una venezolana que migró a Tibú hace un año, y que hace tres días dio a luz a su segunda hija en un centro médico de la ciudad. Pero a la salida descubrió que tendría que acudir a MSF para conseguir medicamentos y consultas posnatales.
Las mujeres y los niños migrantes son los más vulnerables ante la falta de acceso a servicios de salud en Colombia. En seis meses, cerca del 40% de los pacientes de MSF han sido menores de cinco años y se han atendido casi 2.500 consultas de atención prenatal y cerca de 5.000 de planificación familiar. Las patologías más frecuentes entre los que acuden a consulta son alergias cutáneas, infecciones respiratorias y urinarias, así como afecciones ginecológicas. En los más jóvenes, son habituales los problemas estomacales.
Un sistema de salud desbordado
Además, un millar de personas han asistido a consultas de salud mental, ya que no son raros los cuadros de ansiedad y depresión debido a las duras condiciones de vida, las dificultades para encontrar trabajo y la separación familiar.
“La falta de acceso de los venezolanos a servicios de salud en Colombia es una crisis sanitaria que necesita mayor atención de la comunidad internacional”, afirma Ellen Rymshaw, coordinadora general de MSF en Colombia. “Las necesidades médicas de esta población han desbordado al sistema de salud, que en este momento no tiene recursos ni personal para atenderlas. Muchos pacientes migrantes ni siquiera han podido recibir atención de urgencias de los hospitales, a pesar de que tienen derecho a ello”, explica.
“Llamamos a una mayor implicación de la comunidad internacional para facilitar la asistencia humanitaria y mejorar el acceso a la salud de la población venezolana a través del apoyo directo a los hospitales. Esta es una crisis que urge atender”, afirma Rymshaw.
La situación se ve agravada porque a los 350.000 venezolanos que, según cálculos oficiales, viven en estos tres departamentos fronterizos se les suman miles de venezolanos que cruzan a diario la frontera en busca de consultas y medicamentos. En muchos casos, lo hacen por enfermedades que no se consideran urgencias pero que requieren tratamientos a los que tampoco tienen acceso.
Yamileth Gómez, por ejemplo, viajó más de cuatro horas desde Seboruco, en el estado de Táchira, para buscar un tratamiento contra el hipertiroidismo que le detectaron hace unos meses. “En Venezuela no se consigue el medicamento que necesito y acá me cuesta más de lo que tengo. Me me vine pidiendo transporte gratis porque no tenía para el pasaje”, dice Yamileth.
Yamileth es profesora y ha tenido que dejar de trabajar porque ha tenido problemas de voz, además de otros síntomas como dolores de cabeza, taquicardias, vómitos y diarreas. “Acá me dijeron que me van a ayudar a conseguir el medicamento, espero que así sea para poder volver a vivir con normalidad”, dice.
Las historias de Poellis, Marilyn y Yamileth muestran la angustia que viven los migrantes venezolanos en la frontera colombiana. Tras huir de una crisis que convirtió la escasez en una rutina, llegan a un país que no les ofrece oportunidades ni de vivienda, ni de trabajo ni mucho menos de salud. Las limitaciones del sistema público y las precarias condiciones económicas de la mayoría hacen que el acceso a atención médica básica y especializada sea una posibilidad lejana e incierta.
MSF trabaja en Colombia desde 1985. Desarrollamos cinco proyectos en el país: en La Guajira, Norte de Santander y Arauca brindamos atención en salud primaria y salud mental a migrantes venezolanos y colombianos retornados de ese país. En Buenaventura, hay un proyecto de salud mental para víctimas del conflicto armado con un componente, atención en violencia sexual e interrupción voluntaria del embarazo. Hay también un equipo de emergencias en Nariño para monitoriear la situación humanitaria en ese departamento.