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Uno de los fenómenos de mayor relevancia y con mayor arraigo en el país es el contrabando, que mueve cada año el equivalente a casi la mitad del PIB anual, lo que deja a la vista la debilidad institucional y los grandes obstáculos para la economía nacional, no solo por su impacto negativo en los ingresos fiscales, sino también por su conexión con delitos como el lavado de dinero y la corrupción.
Según la última actualización del Informe de Economía Subterránea 2023, publicado por el Observatorio de Economía Subterránea e Informalidad de PRODesarrollo, las actividades relacionadas con la economía subterránea alcanzaron un monto de US$ 23.595 millones, lo que representa un 47,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este contexto evidencia la magnitud del problema y los desafíos que enfrenta el Estado en su combate.
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Marco legal fragmentado
En Paraguay, el contrabando está tipificado como delito en la Ley Nº 2422/04, conocida como el Código Aduanero. Según los artículos 336 y 345 de esta ley, el contrabando constituye un delito de acción penal pública, sancionado con penas de hasta cinco años de prisión o multas. En casos de contrabando de productos de origen animal o vegetal en estado natural, las penas pueden extenderse hasta diez años. Sin embargo, el marco legal presenta vacíos significativos al no contar con una legislación penal específica que complemente y fortalezca esta normativa.
Este vacío legislativo complica la aplicabilidad de la ley, dejando la apertura de causas penales casi exclusivamente en manos de fiscales que decidan impulsarlas. Además, el proceso administrativo regulado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se limita a determinar la infracción y remitir los antecedentes al Ministerio Público, dejando a este la decisión final sobre la investigación penal.
Contrabando y lavado
El contrabando no solo afecta las arcas del Estado, sino que también actúa como un delito precedente del lavado de activos. De acuerdo con la normativa paraguaya, la investigación de lavado de dinero requiere avanzar primero en el esclarecimiento del delito precedente, en este caso, el contrabando. Sin embargo, las cifras reflejan una brecha considerable entre ambos tipos de investigación. Entre enero y octubre de 2023, el Ministerio Público reportó 536 causas por contrabando, un 3% de las 17.321 causas ingresadas en total. En contraste, las causas por lavado de dinero fueron significativamente menores, con apenas 18 casos reportados.
Este desbalance revela un problema estructural en el sistema de persecución penal, que dificulta la conexión efectiva entre el contrabando y otros delitos asociados, debilitando los esfuerzos por combatir la economía ilícita en su conjunto.
Estadísticas preocupantes
El número de causas penales por contrabando ha mostrado una disminución constante en los últimos años. En 2022, se registraron 771 casos, representando un 4,2% del total de causas ingresadas, mientras que en 2023 esta cifra cayó a 536, lo que implica una reducción del 30%. Este descenso contrasta con el aumento sostenido de actividades vinculadas a la economía subterránea, generando cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas adoptadas.
Por otra parte, los índices de sentencias condenatorias también son alarmantemente bajos. Un análisis del sitio web del Ministerio Público indicó que, de 24 registros relacionados con contrabando, solo uno concluyó en condena. Este bajo índice refleja la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y enjuiciamiento en este ámbito.
Un punto de especial interés es la geografía del contrabando. Las zonas fronterizas del país, particularmente las colindantes con Brasil y Argentina, se han convertido en puntos neurálgicos para el ingreso y salida de bienes de contrabando. Este fenómeno no solo desafía la autoridad del Estado, sino que también contribuye a la consolidación de redes de crimen organizado que operan más allá de las fronteras nacionales. Las autoridades locales enfrentan dificultades significativas para controlar estas áreas debido a recursos limitados y posibles casos de corrupción.
Consecuencias económicas y sociales
El impacto del contrabando trasciende el ámbito fiscal. La economía formal se ve afectada por la competencia desleal que generan los productos de contrabando, perjudicando a empresarios y trabajadores que operan dentro de la legalidad. Además, el lavado de dinero vinculado a estas actividades traslada recursos que deberían fortalecer el desarrollo económico hacia manos de organizaciones criminales, contribuyendo a la corrupción y debilitando la confianza en las instituciones.
El sector agropecuario también enfrenta un impacto directo, particularmente en lo que respecta al contrabando de productos como azúcar, arroz y carnes. La entrada de bienes de origen dudoso y sin regulaciones sanitarias afecta la competitividad de los productores nacionales y pone en riesgo la salud de los consumidores. Este escenario subraya la necesidad de una regulación más estricta y la implementación de mecanismos de control más eficientes.
Hacia una solución integral
Combatir el contrabando requiere un enfoque integral que combine esfuerzos legislativos, administrativos y judiciales. La aprobación de una ley penal específica contra el contrabando podría ser un paso determinante, estableciendo penas más severas y procedimientos más claros para su investigación y sanción. Asimismo, es fundamental mejorar la coordinación entre la DNIT y el Ministerio Público, asegurando una conexión más efectiva entre las etapas administrativas y penales del proceso.
En paralelo, se deben fortalecer las capacidades de las unidades especializadas en lavado de dinero y delitos conexos, asegurando que estas cuenten con los recursos necesarios para abordar la complejidad de estos casos. La cooperación internacional también juega un papel clave, dado que muchas redes de contrabando operan a través de fronteras.