La estrategia de inversión pública implementada en la última década ha sido un factor clave en la reducción de las brechas de infraestructura, sin embargo, las necesidades de financiamiento generaron una presión fiscal importante, lo cual tiene un impacto relevante en los resultados de la deuda pública debido a la imposibilidad de generar ahorros corrientes. Es por ello, que existe la intención de apostar a la iniciativa privada, pero también se deben dejar las reglas bien claras para que los instrumentos actuales como la Ley de APP, la de Concesiones y la de Llave en Mano sean herramientas más agiles que incentiven que los privados puedan presentar iniciativas que complementen los recursos públicos.

Si bien los instrumentos de financiamiento privado pueden complementar de manera importante estas necesidades, la agilidad y dinámica que requiere el contexto ha puesto a esas herramientas en un plano secundario. Es por ello, que es imperiosa la necesidad de discutir la revisión de los instrumentos de iniciativa privada, y así establecer la mejor institucionalidad para poder ejecutarlos. La propuesta de revisión de la Ley de APP es muy saludable ya que con los años de implementación y de aprendizaje, es bastante lo que se ha obtenido de experiencia de lo bueno, así como el conocimiento de las limitaciones y barreras que presentaba la Ley.

La apertura de una mayor participación del aporte estatal en las iniciativas privadas, así como la agilidad en los procesos de estudio, revisión y selección de los proyectos es esencial para la credibilidad de la herramienta, además de trabajar en combinar fuentes de financiamiento y herramientas (la infraestructura a cargo del Estado y la explotación a cargo del privado, por ejemplo). Un tema importante podría ser crear -fusionar- un organismo especializado en la coordinación y ejecución de proyectos públicos, similar a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) del Uruguay, pero con prerrogativas de actuación en el ámbito privado. Otra pata relevante es la de atraer nuevos jugadores en el financiamiento de largo plazo, para ello se deben promover mecanismos o instrumentos para el financiamiento de infraestructura a largo plazo. Esto puede estar vinculado a la participación de las cajas previsionales, la AFD y los fondos de inversión que ya operan en el país.

Este es un elemento central y relevante de coordinación entre el sector financiero privado y público en la movilización del ahorro de largo plazo de nuestra economía, actualmente financiando la demanda de corto plazo, siendo que esto debería haber estado financiando la expansión de la infraestructura y proyectos que requieran financiamiento de largo plazo, actualmente muy poco accesible en nuestra economía. Es así donde el grado de inversión se convierte en algo que puede ser un canal para ese objetivo.

Si pretendemos que estas herramientas puedan funcionar y ser complementos del financiamiento tradicional tenemos varios desafíos para el financiamiento de proyectos, entre los que se puede mencionar: el tratamiento del riesgo de tipo de cambio y la financiación en moneda local. La gestión eficaz del riesgo cambiario es un desafío relevante para la atracción de capital para el financiamiento de proyectos en países como el nuestro, el rol de la banca comercial y la pública (AFD y BNF) para alargar plazos y arbitrar tasas, los límites impuestos por los reguladores, la participación del fondeo institucional, y de un mercado de capitales con un funcionamiento más dinámico y robusto.