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Uno de los primeros artículos que son pasados encima, es el tercero, que establece claramente que las personas tienen derecho de reunirse y manifestarse de forma pacífica recién a partir de las 19:00, hasta las 00:00 de los días laborales, - lo que prácticamente es letra muerta - mientras que domingos y feriados las concentraciones pueden extenderse todo el día, desde las 6:00 hasta la mis ahora del día siguiente.
Esta ley refiere que en Asunción existen sitios específicos para concentraciones, que son las principales plazas del centro de la ciudad, sin embargo tanto en esta marcha como en anteriores es normal hacer manifestaciones numerosas en avenidas principales o frente a ministerios, entorpeciendo el tránsito, ante la nula intervención de las fuerzas del orden.
También la Policía agrega su cuota de violación a la ley, pues el artículo 5º establece que las fuerzas del orden público deben garantizar que las manifestaciones que se realicen de conformidad con esta ley “evitando que se produzcan desórdenes o actos reñidos con la moral y las buenas costumbres”.
Sobre este punto, todas las marchas encabezadas por campesinos y cooperativistas se han registrado hechos que atentan contra esta legislación, como el cierre de avenidas y hasta la agresión a ciudadanos.
En su artículo sexto, la ley del Marchódromo da poderes a la Policía para “tomar las medidas preventivas a fin de resguardar el orden público, las personas y los bienes de terceros” además de evitar las provocaciones a terceros, lo que poco o nada se ha visto estas semanas.
En cuanto al comportamiento de los manifestantes, el artículo 12º indica que no pueden portar armas blancas o de fuego o elementos contundentes - como palos o varillas de hierro- que deben ser confiscados por las autoridades.
Sin duda lo más reiterativo, y que ha contribuido a desatar el caos en la ciudad, es la violación a los artículos 7° y 8°, de la obligatoriedad de comunicación sobre la manifestación o marcha a la Policía Nacional, en el Cuartel Central si se efectúa en Asunción, o en la dependencia que corresponda al lugar del interior del país donde se realice. La comunicación debe hacerse con una anticipación no menor de doce horas y debe incluir las calles a ser recorridas, y los sitios de concentración.
Aldo Cantero, de la Unidad de Convivencia Ciudadana, habló con ABC Cardinal sobre las denuncias que le llegaron y que pudo constatar a través de las redes sociales, sobre manifestantes que cuentan con armas fuego. “Incluso una persona dijo a través de su cuenta que habría derramamiento de sangre. Identifiqué a la persona y abrí una carpeta fiscal”, reveló el representante del Ministerio Público.
Por otra parte, anunció que solicitó los videos de hechos concretos de violencia que se están dando en las últimas horas, para identificar a estas personas. Sobre este punto, se vio actos donde los manifestantes agredieron a motociclistas. Incluso a uno le rompieron el teléfono celular con una varilla de hierro para luego golpearlo por la espalda.