Línea de exsenador cumple solo en un 30%

Según el intendente de Tobatí, la empresa de transporte Villa Serrana, clausurada por evadir patentes durante 21 años, cumple solo con el 30% de 84 salidas asignadas. Señaló que la deuda de la firma del exsenador Julio Quiñónez supera los G. 100 millones.

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Según Dan González (PLRA, efrainista), intendente de Tobatí, la empresa de transporte público, Villa Serrana, clausurada desde las 14:00 de ayer lunes, además de no cumplir con los pagos impositivos en concepto de patente, tampoco cumplía con las salidas habilitadas por Dinatrán, en total 84, de las cuales solo operaba en un 30%.

“Hemos recurrido sin éxito a la Dinatran para que venga a apiadarse de nuestra gente que viaja diariamente con esta empresa, que realmente no presta los servicios como corresponde. Hemos aguantado el tema de pagos impositivos, pero hasta la fecha no tuvo resultados. Les avisamos que tienen que venir a ponerse al día e intentar mejorar servicios, pero no tuvimos respuesta”, señaló González en diálogo con ABC Cardinal.

Ayer, por Resolución N° 599/2018, la Municipalidad de Tobatí inhabilitó a la empresa perteneciente al exsenador cartista Julio Quiñónez.

Al ser consultado si tenía temor, considerando el poder del exlegislador, admitió: “Tengo que admitir que sí, vivimos en un país complicado y peligroso”, sostuvo.

Dijo que aunque no se tienen números exactos, el conteo de la deuda que deben abonar actualmente (contabilizada desde 2009) ascendería a más de G. 100 millones. No obstante, la empresa opera desde el 1997 y ya desde esa época no habría pagado nunca las contribuciones municipales.

Sostuvo que luego de la clausura recibieron una nota de reconsideración por parte de la empresa que es estudiada por el equipo de asesoría jurídica.

Por su parte, el exsenador Julio Quiñónez (ANR) dijo que la Comuna actuó de forma totalmente arbitraria e ilegal, pero aun así acatará la decisión de clausura, mientras el caso se dirima en estrados judiciales. Aseguró que paga todos los impuestos correspondientes a la empresa en la Comuna de Caacupé, donde tiene la sede central de su firma. El abogado Mario Gómez dijo que presentarán un recurso de amparo para seguir trabajando.

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