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Cinco municipios del departamento de Cordillera no habían presentado hasta el pasado 6 de marzo el informe sobre el destino que le habían dado al dinero que recibieron del Fonacide. Otros tres fueron rechazados. A diferencia de Concepción y San Pedro, en el tercer departamento los que cumplen son mayoría. En 2014, los 20 municipios cordilleranos recibieron un total de G. 13.696 millones.
De acuerdo a la ley, los municipios deben presentar informes cuatrimestrales, semestrales y anuales sobre el uso de ese dinero proveniente de lo que Paraguay recibe anualmente como compensación por la energía de la Itaipú cedida a Brasil y que debería ser destinado a proyectos de infraestructura para la educación, transferencias al sector privado para complemento nutricional en las escuelas públicas y proyectos de inversión pública y desarrollo.
Caacupé, la capital del tercer departamento, fue el municipio que más dinero recibió del Fonacide en 2014 con un total de G. 1.215 millones, según informes del Ministerio de Hacienda. El municipio encabezado por el colorado Roberto Carlos Franco Alcaraz cumplió con lo establecido por la ley y presentó la rendición de cuentas obligatoria.
A Franco Alcaraz no le gusta que critiquen su gestión, a pesar de que las paupérrimas condiciones en las que se encuentran las calles de la “villa serrana” demuestran que poco ha hecho por mejorar la situación de su ciudad. Tanto le molestan las críticas que al año pasado decidió entablar una demanda por difamación y calumnia contra la corresponsal de ABC Color en la zona, Desiré Cabrera, en un intento de amedrentamiento por sus publicaciones.
En segundo lugar quedó Tobatí, que recibió un total de G. 912 millones en 2014. El municipio liderado por el liberal Dan Alberto González Vera también cumplió y entregó el informe sobre el destino que le dio al dinero que recibió.
Con G. 882 millones, Arroyos y Esteros ocupa el tercer lugar. El colorado Gustavo Amado Alfonzo Prieto no cumplió con la ley y no presentó la rendición de cuentas establecida por la legislación. El jefe comunal fue imputado en enero pasado por lesión de confianza y otros delitos, por un perjuicio de G. 883.885.000. Además, el fiscal de la causa había solicitado su prisión preventiva.
El cuarto lugar es para Piribebuy, que recibió G. 849 millones. El informe presentado por el municipio encabezado por el colorado Cayo Antonio González Segovia fue rechazado por la Contraloría General de la República, aunque esta institución no revela los motivos en el informe que consta en su página web.
Publicaciones periodísticas de 2013 daban cuenta que el intendente había iniciado la construcción de un supermercado en pleno casco histórico de la ciudad, sin preocupación alguna por el daño que ello podría representar al patrimonio de Piribebuy. Otras denuncias señalan que dos hermanos del jefe comunal hacen lo que quieren en la zona, apoyados en él. Además, supuestamente amasaron grandes fortunas desde que se adueñaron de la intendencia.
Le sigue Eusebio Ayala, municipio encabezado por el colorado Gerardo Rojas Almada, que recibió G. 817 millones. Al igual que en el caso de su correligionario de Piribebuy, el informe de esta comuna sobre el uso del dinero del Fonacide fue rechazado.
El sexto lugar es para Caraguatay, que recibió un total de G. 703 millones en 2014. El municipio liderado por el colorado Juan Blas Añazco Medina cumplió con la ley y presentó la rendición de cuentas obligatoria.
Emboscada se ubica en séptimo lugar con G. 695 millones. El intendente Jacinto Raúl Peña Silva, del PLRA, no cumplió y no presentó con el informe que debería haber presentado hasta el 25 de febrero pasado.
Altos queda en el octavo lugar, G. 689 millones recibidos en 2014. El informe presentado por el liberal Carlos Alberto Ojeda Arzamendia fue rechazado.
Siguen en la lista Itacurubí de la Cordillera, municipio encabezado por el colorado Hugo Joel Meza que recibió G. 664 millones; San Bernardino del liberal Ramón Zubizarreta Zaputovich con G. 654 millones; Primero de Marzo del también liberal Jorge Agüero Arriola con G. 590 millones; e Isla Pucú del republicano Osvaldo Ramón Ovelar Leguizamón con G. 585 millones. Estos cuatro municipios si presentaron sus respectivos informes.
En el puesto número 13 queda Valenzuela, con G 585 millones. Este municipio liderado por la liberal Mirtha Elizabeth Fernández Yegros no presentó informe alguno sobre el destino que le dio al dinero que recibió del Fonacide. Entre las varias polémicas en las que vio envuelta esta jefa comunal, en agosto pasado fue acusada de haber cortado el suministro de agua potable a 15 familias en represalia por haber denunciado la insalubridad del matadero municipal. Luego de 30 horas la provisión fue regularizada tras una publicación en ABC Digital, pero antes amenazó a los vecinos.
El decimocuarto y decimoquinto lugar pertenecen a Juan de Mena y Santa Elena, con G. 578 y G. 570 millones, respectivamente. Ambos municipios son liderados por políticos liberales, el primero por Carlos Octavio Torres Bogado y el segundo por César Agustín Balbuena Cáceres.
El caso de Balbuena Cáceres merece una mención aparte. Días atrás, en un inédito fallo, el juez penal de Garantía de Caacupé, Dr. Paublino Escobar, ordenó la prisión preventiva del liberal. Está imputado por lesión de confianza, estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones y otros, por un perjuicio de G. 840 millones.
De acuerdo a la investigación, el dinero “tragado” por Balbuena habría sido desviado precisamente de los fondos del Fonacide que habían sido transferidos a su comuna. Antes ya había sido acusado de ser planillero del Ministerio de Educación, poseyendo seis rubros como maestro de tres colegios. Este viernes, una manifestación pretendía meter presión al juez y a la fiscal de la causa durante la audiencia de revisión de medidas planteada por la defensa de Balbuena.
Les sigue el municipio de Mbocayaty del Yhaguy, cuyo intendente, el liberal Luis César González Cantero, no presentó informe alguno sobre los G. 554 millones que recibió del Fonacide.
San José Obrero y Nueva Colombia ocupan los puestos 17 y 18 con G. 553 y G. 543 millones, respectivamente. Los municipios del liberal Gustavo Ramón Troche Chaparro y el colorado Nelzo Ramón López Ruiz si presentaron sus informes.
Atyrá, liderada por el liberal Martín Muñoz Vera (PLRA), no presentó informes de los G. 534 millones que recibió. La lista se cierra con Loma Grande, que recibió G. 525 millones y cuyo jefe comunal, el colorado Carlos Luis Vera Cárdenas si presentó el informe.
En resumen, cinco de los 20 municipios del departamento de Cordillera no presentaron informes, cuatro de ellos son manejados por intendentes liberales y uno por un colorado. De los tres jefes comunales cuyos informes fueron rechazados, dos son de la ANR y uno del PLRA. Finalmente, seis liberales y seis colorados componen la lista de los intendentes que si presentaron sus informes.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano
Infografía: Rodrigo Pujol (rodrigo.vergara@abc.com.py - @PujolRodrigo)
Mañana: Alto nivel de incumplimiento en Guairá