Uruguayos ahora buscan trabar navegación

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) presentó una nota a la Cancillería nacional, denunciando el intento de un sindicato de trabajadores marítimos del Uruguay, que buscaría crear trabas a la navegación de embarcaciones paraguayas.

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El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) del Uruguay remitió el jueves 27 de julio una nota (por e-mail) al Cafym, señalando que las embarcaciones de distintas compañías navieras paraguayas, que navegan en aguas jurisdiccionales uruguayas, carecen de “tripulación certificada” por la Organización Marítima Internacional(OMI).

Es más, asegura que el Estado paraguayo "no cumple" con la normativa OMI (no está en la lista blanca), por lo tanto, con el aval de las autoridades uruguayas, e invocando el tratado de Hidrovía, navega y opera en puertos uruguayos, realizando cabotaje nacional, violando la ley y los distintos convenios ratificados por el Uruguay.

Señala que esta situación, "denunciada ampliamente ante las autoridades marítimas y portuarias", que "perjudica claramente” la soberanía del Uruguay en el mar y los puestos de trabajo para los marinos uruguayos, “debe ser revertida de inmediato”.

Añade que no existe por parte de las navieras paraguayas “voluntad alguna” para incluir en sus buques personal calificado por OMI, exigencia que "sí se da a rajatabla” para los pocos armadores uruguayos que lentamente van abandonando el negocio marítimo, e inclusive cambiando de bandera para poder trabajar en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Al respecto, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), presidido por Juan Carlos Muñoz, "rechaza categóricamente" las acusaciones vertidas en la nota del sindicato mencionado, por ser "absolutamente falsas, tendenciosas y con una generalización sobre el personal paraguayo".

Asegura que el trabajador naviero local "está certificado y capacitado" para la navegación, y que la acusación es "notoriamente interesada", que no considera la realidad actual de los profesionales de nuestro país.

Agrega que la posición sindical uruguaya “deja de ser objetiva” al no hacer mención de accidentes y sobre datos estadísticos y otros sobre los mismos, causados eventualmente por profesionales compatriotas.

Sostiene que los marinos paraguayos navegan estos ríos desde hace 500 años y “no son improvisados”, sino gente egresada de cursos intensivos especializados, tanto en el extranjero como en nuestro país.

Dice que cuentan con las “debidas acreditaciones”, y son profesionales confiables primero por su “centenaria experiencia y baqueanía”, pero, sobre todo porque sustentan su profesión en institutos académicos acreditados por el Estado paraguayo.

Explica, por ejemplo, que los cursos de Oficial Fluvial, iniciados en el 2008 con perfil de entrada para las categorías de Patrón Baqueano o Patrón de 2ª Clase y con grado de Bachiller, contienen dos módulos en aula, de cinco meses cada uno y dos temporadas de navegación de seis meses cada una.

Señala igualmente que los procesos de formación, coordinados por la Armada paraguaya y el Centro de Armadores, comprenden cursos que se programaron en base a los reglamentos respectivos de la Hidrovía Paraguay–Paraná, adaptados a las prescripciones del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW).

En ese sentido, recuerda que en el año 2012 se actualizaron los programas, adecuándose a lo resuelto en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), en noviembre del 2011, en el sentido expresado.

Sostiene que, en consecuencia, en el año 2012 se iniciaron los cursos modulares obligatorios para todas las categorías que cubren el contenido programático establecido: 13 cursos modulares para el personal de cubierta y 13 cursos modulares para el personal de máquinas, con una carga horaria de 70 horas en cada uno.

La nota al canciller expresa que la adhesión o no del Paraguay al Convenio Internacional STCW es prerrogativa exclusiva del Gobierno, que ha estimado que tal instrumento es marítimo, por lo que sí admite adecuar lo que es pertinente del STCW a la navegación fluvial que hacen sus profesionales, tal como lo interpreta el mismo CIH.

Destaca asimismo que las embarcaciones de bandera paraguaya son cada día más sofisticadas y costosas, incorporadas con la más alta tecnología informática y equipos de navegación satelital.

Afirma que son "enormes inversiones" que requieren "personal altamente capacitado" para la navegación fluvial, incluidos los puertos de la desembocadura del Río de la Plata, la operación en los puertos y la explotación eficiente de las embarcaciones, su mantenimiento y la preservación de la vía navegable. Subraya que, por estas razones, la formación y capacitación integral del factor humano es básico.

Finalmente, el gremio naviero nacional pide a la Cancillería prestar "especial atención" a la nota remitida, basada en la preocupación por factores que podrían afectar seriamente el comercio exterior de nuestro país.

Cabe recordar que en el 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), de la Artentina, liderdo por Omar "Caballo" Suárez, bloqueó el comercio internacional paraguayo, entre octubre y diciembre de ese año, causando a nuestro país un perjuicio cercano a los US$ 350 millones.

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