El traspaso de mando se concretó al término de la asamblea plenaria de la XVIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en un acto a puerta cerrada y retransmitido solo por los medios de prensa oficiales del Poder Judicial paraguayo.
Uruguay ocupará esa secretaría cuatro años, en los que tendrá a su cargo la gestión de la Cumbre, entidad que reúne a las máximas instancias judiciales de 23 países iberoamericanos y que Asunción acoge por vez primera este año.
El país, que fue el único que se postuló, se comprometió a ofrecer “diálogo y articulación”, además de hacer transversales líneas de trabajo propias de la Cumbre, como ética, género, medioambiente y desarrollo tecnológico.
“El Poder Judicial del Uruguay tiene un alto grado de reconocimiento internacional por su independencia y autonomía, pese a que constitucionalmente no tiene reconocida la autonomía del punto de vista presupuestario”, señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Ricardo Pérez Manrique.
Por su parte, España cedió la secretaría permanente con la confianza en la independencia del Poder Judicial uruguayo y el compromiso de apoyarle en el proceso de transición, según declaró el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial de España, Carlos Lesmes.
La Cumbre Judicial Iberoamericana es una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias entre presidentes y representantes de las Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la Judicatura de 23 países.
La forman Andorra, España, Portugal, Costa Rica, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.