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El próximo 31 de marzo vence el plazo para que conductores de la mayoría de los municipios perforen sus registros. En un caso específico, una persona acudió a la Municipalidad de Lambaré a pagar el monto anual exigido; sin embargo, le dijeron que en el sistema figura que no pagó lo correspondiente a Opaci en los años 1982 y 1983 en los municipios de Limpio y San Antonio.
La persona asegura que en todos estos años nunca tuvo problemas para realizar el trámite. El argumento que le dieron es que debe tramitar la cancelación en ambos municipios, para que el sistema de Opaci le permita estar habilitado este año. La cancelación tiene diferentes montos dependiendo de los municipios, pero en Asunción es de G. 30.000: G. 20.000 para la municipalidad y G 10.000 para Opaci.
Esto demuestra además que la ONG sigue recibiendo los G. 10.000 por la expedición, renovación o anulación de las licencias de conducir. Asimismo, retiene en forma irregular ingresos genuinos por impuestos a las transferencias de inmuebles y operaciones de crédito (hipotecas) que van a parar a la ONG, violando la Constitución Nacional y la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal".
Según María Cristina Gueyraud, jefa de la División de Licencias de Conducir de Opaci, la organización no tiene nada que ver con los montos que cobran los municipios, ya que cada uno establece los suyos y, en el caso de que existiese alguna deuda, es responsabilidad del municipio en cuestión, que no transfirió el monto correspondiente a esos años.
Explicó que otro inconveniente común tras la unificación del sistema -como un mandato de la Agencia Nacional de Tránsito, aplicada con la nueva Ley 5.016/14- es que aparecen duplicadas licencias de personas que solicitaron licencias en varios municipios, al no realizar el trámite de cancelación para ir a otro municipio a solicitar un nuevo registro.
En el caso específico de la Municipalidad de Lambaré, Gueyraud explicó que pese a que este sistema ya regía desde el 2015, dicho municipio, si bien ya se había informatizado, se resistía a ceñirse al formato unificado de la base de datos y seguía realizando confeccionando sus propias licencias. Dijo, sin embargo, que desde este año ya se acoplaron a la base de datos general.
Aclaró que el rol de la Opaci es meramente operativo, es decir, son los que habilitan a los municipios la posibilidad de la perforación, a partir de información de la base de datos que actualmente está unificada a nivel país.
En otro punto resaltó que no tiene información específica sobre si los contribuyentes deben pagar un monto en concepto de Opaci al momento de tramitar una cancelación. Dijo que hay municipios que cobran y otros no lo hacen.
El vencimiento de las perforaciones es anual, dependiendo del municipio. En la mayoría, el vencimiento es cada 31 de marzo; sin embargo, en Asunción, el vencimiento depende del número de licencia interno (pago escalonado del impuesto al patente). En otros como Luque, el vencimiento depende de la fecha que se expidió el registro y a partir de ese momento su vigencia es de un año.
ANTECEDENTES
De acuerdo a los datos, algunas comunas tenían intenciones de no transferir más este año los G. 10.000 a la Opaci. Sin embargo, la organización chantajea al no facilitar las numeraciones para los registros, lo que nuevamente las obliga a pagar. Además, la ONG usa como “arma” la no transferencia de los ingresos genuinos. Por más de una década estuvo en manos del clan Núñez, conformado por los hermanos colorados Basilio (actual ministro-asesor de Horacio Cartes), Ricardo (exintendente de Villa Hayes) y Óscar (diputado).