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El presidente Horacio Cartes, por el Ejecutivo, el Dr. Antonio Fretes, por el Judicial, y el senador Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, por el Legislativo, se reunieron este lunes para unificar el criterio frente a la nueva demanda de la aseguradora italiana SACE, quien procedió judicialmente en Washington DC en contra del Estado paraguayo para recuperar unos US$ 85 millones que pagó a unos bancos luego de una deuda contraída por Gustavo Gramont Berres, embajador itinerante de Alfredo Stroessner, en los años '80.
“La demanda se ha iniciado en la ciudad de Washington DC, basada en una sentencia judicial de una corte federal de Suiza. Desde el inicio de esta demanda por la SACE, ha sido considerada espuria y como tal, no es objeto de reconocimiento por parte del Estado paraguayo. Esa es una reafirmación más que la hacemos en nombre del Gobierno nacional. (…) No reconocemos dicha deuda e instamos al Poder Ejecutivo a no pagar y a defenderse en todas las instancias necesarias contra esta maniobra dolosa que en su oportunidad fue hecha por un señor llamado en ese entonces Gramont Berres”, indicó el canciller nacional, Eladio Loizaga, en conferencia de prensa.
El proceso de defensa será llevado adelante por Roberto Moreno, procurador general del Estado. “Se comprometieron a conformar un equipo de trabajo (…) Ellos no pueden tomar la decisión por sí solos, pero de hecho tuvo una postura en contra en el 2005. El que firmó las pólizas se fue preso, esto a todas luces era una estafa”, indicó Moreno, quien agregó que la justicia de EE.UU. da 60 días para responder a la demanda, pero que esto se puede extender. "En menos de un año deberíamos tener una sentencia de la jueza. Eso podría ser apelado en la Cámara de Apelaciones en la Corte de Washington", comentó sobre los pasos procesales.
El origen de la demanda es un préstamo de unos US$ 20 millones de bancos internacionales que entre 1986 y 1987 obtuvo Gustavo Gramont Berres, entonces embajador itinerante del dictador Alfredo Stroessner. El empréstito fue tomado casi a título personal por Gramont Berres sin el aval del Congreso y, por tanto, nuestro país desconoce la deuda. A raíz de esa situación se inició una demanda en Suiza de los bancos afectados que concluyó con una condena a Paraguay en 2005. Nuestro país desconoce el fallo y rechaza la sentencia que obliga a pagar más de 85 millones de dólares a las entidades financieras.
Ante esa situación la aseguradora italiana SACE, que indemnizó a los bancos, ahora presentó en EE.UU. una nueva demanda contra nuestro país para recuperar el dinero. Moreno explicó que la situación es compleja y los criterios están divididos. Unos quieren litigar, mientras que otros sostienen que se debe negociar, bajar las pretensiones de los demandantes y pagar la deuda.