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“El Estado debe buscar un mecanismo para ver el impacto de esta medida y cómo resarcir a los alumnos, sobre todo dándoles nuevas opciones para que puedan seguir sus estudios. Lo de Unasur llegó a niveles espantosos”, consideró la senadora colorada Blanca Ovelar sobre el caso de la institución cuyas carreras de salud fueron clausuradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
De esta manera consideró que este organismo está cumpliendo con su papel pues “las instituciones de educación superior que no tienen las condiciones mínimas para funcionar están cometiendo un verdadero abuso y deben ser clausuradas”.
Recordó que cuando forman en el área de la salud está en riesgo la vida de otros, y este tipo de universidades lo que hace es formar “gente incapaz que no tiene el más mínimo rigor de lo que es la educación superior”.
En este sentido, indicó que el Ministerio de Educación juega un papel preponderante y debe promover un sistema de evaluación y ubicación a los alumnos -lo que ya se ha estado haciendo en otros casos de universidades clausuradas. Esto, considerando que existen alumnos que denunciaron que al buscar convalidar sus materias (de universidades inhabilitadas) en otras casas de estudios privadas, éstas responden negativamente alegando que deben cursar desde el inicio.
“Realmente es un problema social grave. La educación es un bien público. Si genera beneficios colectivos debe ser reinvertido en la gente que los genera. Si no, debe cambiar el régimen de tributación de estas universidades y la educación superior no es un bien comercial”, opinó en diálogo con ABC Color.
La legisladora, quien también es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, reconoció que “gran parte de este problema se originó en el Congreso de la Nación porque se aprobó la apertura de estas instituciones sin tener la más mínima condición”, recordando que en el periodo legislativo anterior hubo universidades que habilitaron carreras valiéndose de una ley que tuvo vigencia un tiempo. “Esa ley fue terrible porque se desvinculó totalmente del mundo académico. La creación de carreras quedó sólo en el ámbito político”, sostuvo.
Prosiguió diciendo que “la proliferación de las instituciones que se hizo realmente hoy está impactando enormemente” y aseguró que “desde que estamos al frente de la Comisión de Educación del Senado no hemos aprobado ninguna universidad ni pública ni privada. El país no necesita de universidades, lo que hay que hacer es controlar”.
Ya con anterioridad la legisladora había revelado que existiría una rosca de funcionarios del Congreso contratados como “asesores” para presentar y “negociar” proyectos de ley que habilitan institutos superiores y universidades.
Finalmente dijo que “no se puede consentir estudiar Medicina en un garaje. Ya se llegó a niveles de demasiado abuso en este tema. Las universidades pro-ganancia realmente asombran con la forma de ofrecer cualquier cosa aprovechándose del afán de este pueblo de superarse. Tiene que haber una responsabilidad civil por estos hechos".
Es sabido que a través de políticos las instituciones consiguen “blindaje” para funcionar precariamente. Conocidos parlamentarios y exlegisladores aparecen estrechamente vinculados a criticadas casas de estudios.
