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El Ministerio del Interior anunció a través de su página web la apertura de sobres de ofertas para la compra de armas reglamentarias para la Policía Nacional. Se trata del proceso de licitación publicado con el ID 353.142 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Según los documentos publicados por Contrataciones, se prevé adquirir 556 pistolas 9 milímetros para las fuerzas del orden por el sistema de Subasta a la Baja Electrónica. Lo llamativo del caso se da en el precio de referencia establecido para el proceso.
El Ministerio del Interior y la Policía establecieron como precio de referencia G. 7.300.000 por cada pistola, aproximadamente unos US$ 1.258. Este monto supera ampliamente al precio de mercado de estas armas. El margen es mayor si se trata de compras mayoritarias y para fuerzas de seguridad.
De acuerdo a lo publicado por el propio Ministerio del Interior, solo dos firmas se presentaron a la licitación. La menor oferta en precio corresponde a la Empresa DSR SA, con un total de G. 4.057.999.916, lo que representa un costo unitario de G. 7.298.561. La siguiente en precio corresponde a la Empresa Guns SA, que totaliza G. 4.448.000.000, con un precio de G. 8.000.000 por unidad.
DSR SA tiene como directivos a Édgar Adrián Chena Galarza y Miguel Ángel Insfrán. Guns SA, por su parte, tiene como accionistas a Mario Fernando Vasconsellos Portas y Eduardo Antonio Enciso Sosa.
Los precios que pretende pagar el Estado para la adquisición de las armas supera ampliamente incluso el valor en el mercado. Cada pistola de la Policía costará unos US$ 1.250, cuando en el mercado minorista cuestan apenas una tercera parte.
Por ejemplo, una Glock 17 de 9 milímetros es vendida por la empresa que las fabrica a US$ 499 cada una, según la página web de la fabricante austríaca. Habitualmente, las armas reglamentarias utilizadas por la Policía en Paraguay son de esta línea.
Estos precios habitualmente sufren descuentos cuando se trata de ventas mayoristas y las propias empresas ofrecen tratos especiales cuando se trata de provisión de equipos para fuerzas del orden estatales.
Si se toma como referencia el precio publicado en la página web de la fabricante austriaca de armas, con el monto que la Policía pretende destinar a la compra de 556 pistolas, podría adquirir al menos 1402 armas. Eso tomando exclusivamente el precio de referencia.
A nivel local, el precio de una pistola 9 mm ronda los US$ 1.150, de acuerdo a consultas hechas con casas de venta. Eso tomando como referencia el precio al que ofrecen las armas los vendedores para compras minoristas particulares.
Cuando se trata de ventas para particulares el precio de fábrica para los representantes ronda entre US$ 390 – US$ 400 por cada arma. Incluyendo tasas y flete, el costo de cada arma para el representante ronda los US$ 750. A partir de ahí, la diferencia de precios ya representa ganancias para los vendedores.
Fuentes consultadas por ABC Color señalaron que cuando se trata cuando la compra se hace para proveer para fuerzas estatales, el precio es significativamente inferior porque se comunica a los fabricantes que la compra se realizará para entidades públicas. Con los descuentos, lo que buscan los fabricantes es posicionarse con las entidades estatales, pensando en futuras compras y certificaciones para ventas a otras naciones.
No deja de llamar la atención, además, una serie de detalles que aparecen en el pliego de bases y condiciones de esta licitación. Con las especificaciones solicitadas, básicamente se pide que las armas a comprar sean exclusivamente de una marca sin necesidad de mencionarlas.
Con esto, sacan de competencia a posibles ofertas de otras marcas que podrían representar una adquisición un tanto más barata.
Un punto resaltante es que en las especificaciones solicitan que las armas a ser entregadas cuenten con “Certificado de NATO”. Las Glock contaron con esta documentación solo en su tercera generación, actualmente la fabricante austriaca ya sacó al mercado su quinta generación de armas. Es decir, se pretende comprar armas dos generaciones más antiguas, con lo que el precio debería sufrir también una reducción.
“A partir de ahora, el Comité de Evaluación verificará las documentaciones de las empresas oferentes, para comprobar si se cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones”, señala la página web del Ministerio del Interior.
Se espera que en dos semanas se tenga una recomendación sobre la adjudicación.