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Un subsidio en caso de fallecimiento terminó convertido en prioridad para contratación de "herederos". De acuerdo al reglamento de personal de Yacyretá de 1999, los familiares en relación de dependencia podrían recibir subsidios en caso de muerte de funcionarios aún en ejercicio. Sin embargo, el contrato colectivo firmado en 2008 establece en su artículo 54 que se “dará prioridad” para la contratación del cónyuge o hijo del fallecido para reemplazarlo.
Valiéndose de este artículo, varios hijos de funcionarios fallecidos ocupan actualmente cargos en la Binacional. Uno de esos casos es por ejemplo el de Analía Jazmín Oviedo Alderete, nieta del exsenador y vicepresidente Francisco “Papito” Oviedo Brítez. Según confirmó el otrora hombre fuerte del coloradismo, la joven de 25 años que aún no cuenta con título universitario ingresó a Yacyretá luego del fallecimiento de su padre -hijo del político-. “Era un cupo que le correspondía”, afirmó su abuelo en conversación con ABC Color el lunes pasado. Oviedo Brítez llegó a ocupar el cargo de director paraguayo de la EBY durante varios meses antes de candidatarse a senador.
Intentamos obtener la versión de la joven en reiteradas ocasiones, pero desde la oficina en la que desempeñan funciones nos dijeron primero que el interno se encontraba ocupado y luego que la misma no se encontraba en condiciones de hablar. “Si quieren mi opinión, ella porque su papá falleció y ese cupo le correspondía. Figura en el tratado”, señaló uno de sus compañeros de trabajo a quien le consultamos su nombre para simplemente recibir negativas como respuesta.
Florentín Gómez Del Puerto, sindicalista, explicó que en efecto existía un documento que avalaba esta clase de situaciones. Sin embargo, señaló, que “no es obligatorio” pues lo que se establece es una prioridad y no un contrato automático. “Hay casos en que entraron y hay casos en que no entraron”, puntualizó. Por el contrario, quienes defendieron el caso de Oviedo Alderete, que recibe una remuneración mensual por encima de los G. 15 millones sin contar con título universitario, aseguraban que su contratación directa era un “derecho”.